Defensa alega dudas y pide absolver a auxiliar de enfermera

El planteamiento lo hizo el defensor público Sergio Múnera Chavarría durante un juicio que se realiza en los Tribunales de San José, para juzgar a Ángela Barrantes Moreno por el homicidio de Lílliam Arias Prendas.

El caso ocurrió el 7 de agosto del 2012 cuando la víctima permanecía en el salón Lara, en el cuarto piso del edificio de Medicina en el San Juan de Dios.

El Ministerio Público acusa a Barrantes de burlar los controles hospitalarios al ingresar vestida de enfermera e inyectar cloruro de potasio a Arias. Esa sustancia le habría causado un paro cardíaco que le provocó la muerte, casi de forma inmediata, según la acusación de la Fiscalía.

Críticas. Sergio Múnera alegó ayer miércoles que la acusación contra Barrantes no ha quedado debidamente acreditada durante el debate, ni con los relatos de los testigos ni con las pruebas técnicas.

Dijo que a la Fiscalía le faltó precisar los hechos que está atribuyendo a la auxiliar de enfermería.

En primera instancia, mencionó que nadie observó a la imputada poner la inyección de potasio.

“La que más se aproxima es otra paciente que dijo que la vio sacar una jeringa de la bolsa, pero esa testigo dijo aquí en debate que no pudo ver cuando la inyectó porque estaba de espalda”, afirmó.

Agregó que el hallazgo de una jeringa en el baño del salón Lara es un hecho circunstancial pues, “el Ministerio Público no pidió que se le levantaran huellas dactilares a la jeringa para saber si Ángela (Barrantes) la había manipulado” .

Múnera manifestó que el hecho de que a esa jeringa se le encontrara cloruro de potasio no significa nada, pues en el salón Lara había otros pacientes “a quienes se les podía estar recetando cloruro de potasio”, como lo relató un médico del San Juan de Dios en juicio.

Asimismo, mencionó que la autopsia que se le practicó a la paciente fallecida no determinó la cantidad de cloruro de potasio que tenía en sangre, pues por una cuestión natural cuando una persona fallece los glóbulos rojos segregan potasio, lo cual alteraría el resultado.

“No sabemos la cantidad de cloruro de potasio en la sangre. ¿Cómo podemos decir que la cantidad de cloruro de potasio inyectada fue mortal? Como vemos hay una duda razonable.

“Además, doña Lílliam (Arias) estaba muy enferma, tenía insuficiencia renal crónica. Padecía cinco enfermedades que le podían causar la muerte. Ella estaba en fase terminal; podía morir en cualquier momento” dijo el abogado.

Sergio Múnera explicó que su defendida tiene 64 años, que nunca tuvo conflictos con la ley y fue una persona servicial.

Agregó que en el 2007 se le diagnosticó que padecía de un trastorno afectivo orgánico, que es irreversible y puede causar crisis psicóticas. “No podemos decir que al momento del hecho era inimputable pero tampoco lo podemos descartar”, concluyó.

Luego de escuchar al defensor, el Tribunal de Juicio dio por terminado el debate.

La presidenta, Ana Patricia Araya, anunció que la sentencia en su parte dispositiva será dada a conocer mañana viernes a las 2 p. m.

Una vez cerrado el debate, Martín Vargas, esposo de Lílliam Arias, dijo que lo único que pedía es que se hiciera justicia para que muchos otros casos no queden impunes.

El abogado Ricardo Marín Vargas, quien representa a la familia de la fallecida, dijo que la defensa intentó crear un escenario que no es real. “No es cierto lo que dice que es un homicidio por piedad; hubo todo un plan”, dijo.