Invertirán ¢3.200 millones en reforzar 9 pisos de la obra, terminada en 1963

 22 febrero, 2015

El edificio de la Corte Suprema de Justicia podría ser declarado inhabitable debido a debilidades en la estructura en caso de un gran evento sísmico.

La alerta consta en dos estudios: uno hecho en 1990 por la firma Consultécnica y otro del 2005, por la empresa Heriel S.A.

En esos documentos, que fueron ampliamente analizados en varias sesiones de la Corte Plena en años anteriores, se señaló , entre otras cosas, que ante un terremoto, las columnas podrían sufrir deformaciones por el movimiento, quedarían sin posibilidad de ser restituidas a su estado original y habría que demolerlas.

El jefe de Arquitectura e Ingeniería del Poder Judicial, José Guillermo Vindas Cantillano, dijo que la preocupación es que el edificio, que tiene una clasificación clase A (es decir, ante cualquier catástrofe debe seguir funcionando porque ahí se cumple una función vital para el país), colapse y no pueda ser rehabilitado.

El funcionario fue enfático en advertir de que pese a las debilidades, “el inmueble no se desplomará”.

El edificio que ocupa la Corte está al extremo este del Complejo Judicial de San José. Su construcción se inició el 21 de octubre de 1961 y se concluyó en 1963. Tiene nueve pisos. Ahí funcionan la Corte Plena y las salas Primera, Segunda, Tercera y Constitucional, entre otras oficinas. En total, laboran 481 funcionarios.

Intervención. Aunque desde hace varios años el expresidente de la Corte, Luis Paulino Mora Mora (falleció en febrero del 2013), habló sobre la necesidad de reforzar el recinto, no fue hasta el año anterior cuando la Corte Plena discutió el tema, mientras que el pasado lunes 2 de febrero acordó ejecutar la protección de la estructura.

El trabajo que, se espera, empezaría en los próximos meses, requiere una inversión de ¢3.200 millones. La obra está prevista para ejecutarse en 18 meses.

José Guillermo Vindas manifestó que la restauración empezará por el sótano, con el fortalecimiento de los cimientos de los muros y vigas. Asimismo, dijo que como parte de las labores de reforzamiento, en otros lugares se construirán nuevos muros para dar mayor seguridad a la estructura.

“Todo reforzamiento hay que hacerlo desde abajo (del sótano hacia arriba). Son muros de concreto reforzado (lleva acero) en alta rigidez”, precisó.

Ana Beatriz Méndez Alvarado, jefa de Servicios Generales del Poder Judicial, explicó que mientras se ejecutan las labores, será necesario el desalojo paulatino de todas las oficinas.

Algunas o varias serán reubicadas en algún local cercano. Todavía no se tiene definido cuál dependencia será.

“Mientras la empresa constructora trabaja en un piso, el siguiente hacia arriba estará desocupado. Conforme se termine, se volverá a ocupar. Eso significa que tendremos que hacer muchos traslados internos” , explicó la funcionaria.

La principal opción para sacar del edificio son las oficinas que ocupa la Sala Constitucional. Lo anterior porque ahí laboran cerca de 180 personas y todos los días llega un promedio de 100 ciudadanos a realizar algún trámite.

Al explicar el porqué de las debilidades, José Guillermo Vindas dijo que, cuando se construyó el edificio, en Costa Rica no se contaba con un código sísmico.

“En ese momento se usaron técnicas internacionales de diseño, pero cuando el país tuvo el primer Código Sísmico (en 1986) se hizo un análisis y es cuando se logra evidenciar algunas deficiencias en las estructuras”, dijo.

Agregó que en estos años las normas sísmicas han sido actualizadas y, ahora, con el robustecimiento, lo que se pretende es dejar el edificio preparado para soportar un eventual terremoto.

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