El Tribunal Penal de Limón impuso ocho años de prisión a un colombiano, un mexicano y dos costarricenses por enviar cocaína a España en contenedores que transportaban piña a ese país.
El colombiano, de apellido Martínez, fue condenado a dos años más de prisión por el delito de portación de armas, mientras el mexicano, de apellido Acevedo, y los dos costarricenses, de apellidos Sojo y Elizondo, recibieron solo ocho años de cárcel.
La pena impuesta es la mínima que establece la legislación para este tipo de delitos.
De acuerdo con el artículo 58 de la ley de estupefacientes, se condenará con una sanción de ocho a 15 años a quien transporte, venda o almacene drogas.
Los jueces justificaron su decisión en la juventud de los condenados y los animaron a recapacitar durante su estancia en prisión.
El caso se remonta al 22 de setiembre del 2011, cuando la Policía de Control de Drogas detuvo a nueve personas en 12 allanamientos.
Las autoridades establecieron, después de meses de investigación, que los sujetos enviaron 33 kilos de cocaína a Tarragona, España, escondida en contenedores para la exportación de piña.
La investigación incluyó rastreo y escucha de llamadas hechas entre los miembros del grupo delictivo durante meses.
El Ministerio Público expuso que el hombre de nacionalidad colombiana actuó como líder de la organización y el mexicano como encargado de la logística para hacer los envíos a Europa.
La defensa de los condenados intentó desacreditar la manera como se planteó la acusación y el proceso de escucha de llamadas.
“No encontramos razón en ninguna de las actividades procesales defectuosas presentadas por la defensa”, dijo el juez Raúl Madrigal.
Absueltos. En este debate también figuraron cinco costarricenses más de apellidos Ventura, Oses, Angulo, Carranza y Estrada.
Precisamente, este último fue asesinado durante una balacera ocurrida en un bar del centro de Limón el martes anterior.
Estas personas fueron absueltas de toda pena y responsabilidad bajo el principio de in dubio pro reo, el cual establece que, en caso de duda, se falla a favor del acusado.
Además, fue llamada en condición de acusada una mujer costarricense de apellido Madrigal, sospechosa del delito de legitimación de capitales, quien resultó absuelta por falta de pruebas.
El Tribunal ordenó devolver una serie de bienes decomisados a estas personas durante el proceso judicial, entre los que destacan celulares, pantallas, discos duros y computadores portátiles. A quienes fueron condenados se les impuso seis meses de prisión preventiva mientras el fallo queda en firme.