EscucharEl Tribunal de Apelación de San Ramón ordenó un nuevo juicio contra dos nicaragüenses de apellidos López y Sándigo, quienes son acusados de matar al empresario Geovanny Soto Ruiz, de 52 años, y a sus hijos Emanuel y Juan Mauricio Soto, de 20 y 29 años, el 9 de febrero del 2013 en La Fortuna, San Carlos.
Ambos extranjeros fueron detenidos el 14 de febrero del 2013 por el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). Luego estuvieron durante más de un año en prisión preventiva; sin embargo, el 7 de julio del año anterior, el Tribunal Penal de San Carlos los absolvió.
En ese debate, el Tribunal concluyó que la prueba fundamental en la que el Ministerio Público basó la investigación y la acusación, fue manipulada y recolectada de manera ilegal.
Se trata de un teléfono celular que fue encontrado donde aparecieron los cuerpos del empresario y de sus hijos.
El aparato registraba gran cantidad de llamadas entre los detenidos y las víctimas.
No obstante, la jueza Lorna Quirós recalcó que el aparato estuvo varias horas en un escritorio de la sede del OIJ en La Fortuna y que dos agentes judiciales lo utilizaron para hacer llamadas y enviar mensajes de texto.
Asimismo, en un acta elaborada por una jueza penal, fueron consignadas características muy diferentes de las descritas en el acta del decomiso del celular.
Por ejemplo, se indicó que el móvil era de color negro con fucsia y que tenía una calcomanía de una princesa, pero estos elementos no coincidieron después.
Fue a raíz de esas fallas que el Tribunal decidió declarar ineficaz todo el resto de la prueba y absolvió a los imputados.
“Lamentamos que, pese a la gravedad de los crímenes, tuviéramos que tomar esta decisión (…). Que sea Dios el que haga justicia”, manifestó la jueza en esa audiencia.
La decisión fue apelada por el Ministerio Público y, el pasado 30 de octubre, el Tribunal de Apelación le dio la razón al ordenar un nuevo juicio.
Según el fallo del Tribunal, fue “errónea la aplicación del referido principio de sentencia, causa agravio a su presentado, quien debió ser absuelto por certeza y no por duda”.
Ambos extranjeros fueron acusados por la Fiscalía por el delito de homicidio calificado.
También habían sido imputados por tres delitos de robo agravado.
En total, el Ministerio Público solicitaba 129 años de prisión para cada uno.
En la pesquisa del OIJ se consideró que el homicidio se realizó por un ajuste de cuentas.
