Oficial de la Fuerza Pública retuvo a 10 funcionarios de la embajada y mató a tres de ellos

Por: Manuel Herrera 26 diciembre, 2013

La Corte Suprema de Chile exculpó a ese Estado de toda responsabilidad por la matanza ocurrida en su sede diplomática de Costa Rica, el 27 de julio del 2004.

Ese día el cónsul, Cristhian Yuseff; el primer secretario, Roberto Nieto; y la secretaria, Rocío Soriego, murieron a manos de un oficial de la Fuerza Pública de Costa Rica que tomó la embajada a las 3:45 p.m. y retuvo a 10 personas durante 6 horas.

Tras los acontecimientos, la familia del cónsul culpó de lo sucedido al Estado chileno, argumentando que hubo "falta de servicio" o "incumplimiento al manual de seguridad", pues afirmaban que los guardias no podían estar armados dentro de la oficina.

Sin embargo, el máximo tribunal de Chile desestimó los recursos de casación presentados por el padre de la víctima Juan Yuseff Durán.

El tribunal estimó como "lógico" que el personal de seguridad cuente con "armas que les permitan repeler cualquier tipo de ataque a la sede diplomática", situación que descarta alguna falla en esa área.

Además, recordó que es el país receptor el encargado de brindar protección a los diplomáticos, detalló una publicación de El Mercurio.

La sentencia de 50 páginas agregó que el ataque a la embajada fue “un hecho excepcional y sorpresivo”.

Familiares de las víctimas se acercaron a la sede diplomática del país suramericano para dejar ofrendas florales por lo acontecido aquella tarde del 27 de julio del 2004.
Familiares de las víctimas se acercaron a la sede diplomática del país suramericano para dejar ofrendas florales por lo acontecido aquella tarde del 27 de julio del 2004.

“(La conducta del guarda) no solo fue inesperada, sino que además nada pudo realizar el Ministerio de Relaciones Exteriores para evitarla”, afirma la publicación de ese diario.

El padre del cónsul también denunció que “la falta de servicio del Estado de Chile, representado por las autoridades del Ministerio de Relaciones Exteriores, consistió en negarle auxilio oportuno al cónsul Yuseff quien agonizó por varias horas”.

Sobre ese tema, la Corte dijo que el embajador Yungue actuó adecuadamente, pues la solicitud de ingreso se la hizo a la policía a las 21 horas (9 p.m.) También detalla que no se pudo demostrar esa “sobrevida” que habría tenido la víctima.

Luego de conocer la resolución, la familia estudia llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

“Estamos decepcionados. El Estado tiene que hacerse cargo de lo que ocurrió en la Embajada. Mi hijo estaría vivo si se hubieran respetado los reglamentos de seguridad. Cómo es posible que ese guardia portara un arma de guerra al interior de la sede diplomática”, declaró a El Mercurio, el padre del cónsul.

Los demandantes solicitaban al Estado chileno el pago de 2.500 millones de pesos ($4,7 millones). El gobierno de Costa Rica ya había indemnizado a las familias de las víctimas.