Un usuario que requiere hacer trámites en el Juzgado Penal, la Fiscalía y la Defensa Pública en Hatillo, San José, debe caminar varias cuadras para ir a los diferentes despachos.
La molestia que eso genera en los ciudadanos fue señalada como una consecuencia del rezago que padece el Poder Judicial en la construcción de edificios.
Precisamente, la presidenta de la Corte Suprema, Zarela Villanueva Monge, dijo ayer que la entidad necesita construir 50.000 metros cuadrados para reducir el pago de alquileres, estimado para el próximo año en ¢5.000 millones. Esa cifra representa el 1,4% del presupuesto total del Poder Judicial, de ¢352.000 millones.
Recortes. El atraso en las construcciones trascendió en una conferencia de prensa brindada por Villanueva para informar sobre los logros del Poder Judicial en el 2013.
Al citar los asuntos pendientes, la jerarca dijo que, en sus servicios, la institución “ha crecido mucho, pero no al mismo ritmo el espacio físico”.
Explicó que esa demora para nuevas instalaciones que respondan a la demanda es algo que se arrastra desde hace varios años, pues cuando se debe recortar el presupuesto, lo primero que se elimina son las construcciones.
Según Villanueva, por el momento solo mantienen vigentes los proyectos para construir dos torres en Hatillo y un edificio en Jicaral de Puntarenas.
En el caso de Hatillo, explicó que el plan está en proceso de aprobación en la Contraloría General de la República.
Una de las torres concentraría todas las oficinas judiciales disgregadas en ese distrito josefino y a la otra se trasladarían los funcionarios administrativos de San José, lo que permitiría desocupar varios edificios alquilados.
En total las torres sumarían unos 37.000 metros cuadrados de construcción.
En tanto, para la sede en Jicaral los planos están en proceso de licitación; sería un local de 1.200 metros cuadrados que reuniría el Juzgado Contravencional, la Defensa Pública, la Fiscalía y una sala de juicio que también sería auditorio.
Para este edificio la Corte tiene una partida que fue asignada en el presupuesto del 2012.
Financiamiento. La presidenta de la Corte dijo que, ante la imposibilidad de destinar en construcción los recursos del presupuesto, el próximo año deberán buscar otra opción de financiamiento.
Expuso que una posibilidad es utilizar un porcentaje del fondo de pensiones de los empleados judiciales, pero advirtió de que se trata de una iniciativa que apenas está en análisis, aunque sí fue incluida en una iniciativa que pretende reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial, que ya fue enviada a la Asamblea Legislativa.
Otras de las opciones es ejecutar las obras mediante un fideicomiso. Asimismo, agregó que en la reforma que se mandó al Congreso, se incluyó otra para que se permita al Poder Judicial adquirir préstamos para construcciones.
Villanueva manifestó que la idea en el futuro es hacer un plan de obras que atienda las necesidades de las comunidades.
“La provincia de Guanacaste y la zona norte son donde consideramos que el Poder Judicial debe tener más presencia”, concluyó.