Carlos Chinchilla dice que enfrentaron atrasos para calcular las pérdidas

Por: Carlos Arguedas C. 8 septiembre
Uno de los factores por los cuales la huelga se declaró ilegal fue la no entrega de cuerpos en la Morgue Judicial.
Uno de los factores por los cuales la huelga se declaró ilegal fue la no entrega de cuerpos en la Morgue Judicial.

El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla Sandí reconoce que aún siguen evaluando el impacto de la pasada huelga en el Poder Judicial, al tiempo que prometió que la entidad entregará un informe sobre la afectación.

Los datos reales del movimiento, que paralizó los servicios durante casi dos semanas, se desconocen, pese a que la huelga se levantó hace 38 días.

Según el funcionario, el atraso fue provocado porque al inicio hubo algunos problemas con la recopilación de la información y, posteriormente, porque el departamento de Planificación necesitaba hacer un estudio muy meticuloso para cuantificar las pérdidas.

Chinchilla alega que ese análisis incorpora los datos "sobre lo que se dejó de laborar y todo lo que no se pudo realizar". Ante consultas de este medio, alegó que no puede dar una fecha de cuándo estará lista la información.

"No podría decirle en este momento la fecha, pero que lo vamos a tener, lo vamos a tener (...) No podría adelantarle una fecha exacta o aproximada, tampoco, porque podría inducirlo a un error", agregó el presidente de la Corte.

Cerca de 13.000 empleados judiciales realizaron entre el 19 y el 31 de julio pasado una huelga en protesta por los cambios que realizó una comisión legislativa al proyecto de ley que reforma el Régimen de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial.

El movimiento fue levantado cuando el frente gremial (organización que agrupó a los 24 grupos judiciales que se integraron a la huelga) alcanzó un consenso con los magistrados (excepto los de la Sala Constitucional), para pedir desconvocar el proyecto de ley 19.922 que buscaba los cambios en las jubilaciones.

Actualmente, el expediente 19.922 está en el plenario legislativo, a la espera de que se tramiten 120 mociones de fondo que se le presentaron esta semana. El presidente del Congreso, Gonzalo Ramírez, está en el proceso de definir cuáles de esas mociones deberán discutirse, tal como lo establece la vía rápida del proyecto de ley.

Secuelas del paro

Durante los 13 días que duró la huelga, el Poder Judicial dejó de realizar juicios en todas las materias. Tampoco se entregaron hojas de delincuencia, un requisito indispensable en la contratación de personal que realizan las empresas.

Aunque el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) mantuvo abierta la oficina de recepción de denuncias, estas se limitaron a casos graves.

Sin embargo, una de las situaciones que más afectó el servicio público fue la suspensión de autopsias de las personas fallecidas en hechos violentos. Esa diligencia debía de realizarse en la Medicatura Forense, en San Joaquín de Flores, Heredia.

Precisamente, el pasado 24 de agosto el Juzgado de Trabajo de Pococí, Limón, declaró ilegal el movimiento de huelga. Uno de los factores determinantes para tomar resolver de esta manera, fue la suspensión en la entrega de cuerpos por parte de la Medicatura Forense a las familias de quienes fallecieron por causas trágicas en esos días.

Esa declaratoria fue apelada y el asunto tendrá que resolverlo un Tribunal de Limón.

Colaboró con esta información el periodista Aarón Sequeira.