Ciudad Quesada. Tres mujeres y un hombre fueron condenados, este jueves, a 23 años de cárcel por traer muchachas en forma clandestina desde Nicaragua y obligarlas a ejercer la prostitución en bares ubicados en La Fortuna de San Carlos.
Luego de tres semanas de debate, el Tribunal de Juicio de San Carlos sentenció por unanimidad a estos cuatro imputados por los delitos de trata de personas con fines de explotación sexual, proxenetismo y asociación ilícita.
Los condenados son los hermanos Edin y Dilma Rivera Carrión, de origen nicaragüense, así como sus compatriotas Erika Hernández Valle y Clara Hernández González. Entre tanto, resultó absuelta Clarisa Rivera Carrión, hija de Dilma, debido a una aparente confusión de las víctimas sobre la identidad de la quinta acusada.
A todos los sentenciados se les amplió en seis meses la prisión preventiva mientras queda en firme la sentencia. Las tres mujeres condenadas derramaron lágrimas al escuchar el fallo y abandonaron la sala de juicio con la cabeza baja y en silencio.
Luis Fernando Calderón, presidente del Tribunal, argumentó que las pruebas aportadas por el Ministerio Público resultaron contundentes y demostraron que se cometieron delitos muy graves.
En la etapa de conclusiones, el fiscal Marco Mora Ditte había solicitado una pena de 99 años de prisión para todos los encartados. No obstante, este jueves consideró que la decisión del Tribunal es "ejemplarizante" y hace justicia con las víctimas.
Los hechos
Las organización que lideraban los hermanos Rivera Carrión fue desarticulada el 4 de noviembre del año pasado, luego de que vecinos de La Fortuna denunciaran la llegada ilegal de mujeres que eran obligadas a prostituirse en varios bares.
Durante una investigación que tardó una semana, agentes infiltrados de la Policía Profesional de Migración confirmaron las anomalías reportadas en los bares Los Acostados, Horcones y Tenampa .
Luego, con el apoyo de la Fiscalía, los oficiales allanaron los establecimientos, detuvieron a los dueños y sus colaboradores, y liberaron a 15 mujeres.
La mayoría de las víctimas revelaron que la banda de traficantes las trajo engañadas desde Nicaragua. Indicaron que les ofrecieron trabajo como cocineras y saloneras, pero que, una vez en Costa Rica, las obligaron a prostituirse.
Además, aseguraron que nunca les pagaron los ¢80.000 mensuales que les prometieron y no les permitían salir de los bares.
Las afectadas denunciaron que durante su estancia en esos locales debieron dormir en pocilgas y que constantemente fueron objeto de insultos y humillaciones.
Una de las afectadas relató a las autoridades que debían utilizar un baño maloliente. Indicó que debido a que en ese recinto había sapos, tuvo que subirse en cajas de cerveza cada vez que necesitaba ducharse.
A la lectura del fallo asistieron muchos familiares de los condenados, quienes no se refirieron a lo sucedido.