Afirman que rastreo de llamadas a funcionaria judicial fue dentro del marco de una investigación penal

Por: Hugo Solano 28 enero, 2014

La Asociación Costarricense de Fiscales negó en un comunicado de prensa emitido este martes haber incurrido en espionaje alguno contra la prensa o haber facilitado que cuerpos policiales lo realicen.

Lo anterior a raíz del caso denunciado por diario Extra en torno al supuesto espionaje a las fuentes del periodista Manuel Estrada, quien publicó informaciones sobre dos casos de secuestro. Según el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), esas noticias contenían datos que le habrían sido filtrados por una agente judicial. Para confirmar esa versión, la Policía indagó qué números de teléfono tenían contacto con los de Estrada y con los de la agente.

Los fiscales afirman que ante la presunción de un delito de divulgación de secretos, como consideran el caso de la investigación de los dos secuestros, el Ministerio Público inició una investigación en la que se solicitó el rastreo de llamadas de la funcionaria judicial, lo cual está autorizado por el Código Penal y por la Sala Constitucional.

Los fiscales defienden su actuación por rastreo telefónico a una funcionaria dentro de la investigación de un presunto delito y niegan cualquier injerencia en persecución a la prensa.
Los fiscales defienden su actuación por rastreo telefónico a una funcionaria dentro de la investigación de un presunto delito y niegan cualquier injerencia en persecución a la prensa.

Dejaron claro que el rastreo permite conocer el destino de la comunicación y el número del receptor, pero no permite el conocimiento del contenido, el cual permanece secreto.

El documento, firmado entre otros, por Rónald Segura, presidente de la asociación, indica que el Ministerio Público respeta la libertad de expresión y la libertad de prensa, al tiempo que valora ampliamente la función de denuncia de hechos de corrupción que ha hecho la prensa.

"Si en la presente causa, producto de este rastreo de llamadas realizado a una funcionaria que presuntamente estaba cometiendo una conducta penal de divulgación de secretos, se determinó que algunas de esas llamadas pudieron dirigirse a un miembro de la prensa, esto se dio dentro del marco de una investigación penal y no con la finalidad de realizar espionaje o persecución a la prensa nacional, ni tampoco se trata de una forma de violentar el derecho a no revelar fuentes de la prensa", dice el escrito.