EscucharEn los últimos 13 años, el Poder Judicial multiplicó por cinco el número de edificios alquilados, pues pasó de tener 31 locales en el 2000 a 152 a la fecha. Antes de eso, ya se tenían 24 edificios, que se fueron arrendando desde 1985.
Para el 2014, la factura por ese rubro llegó a ¢4.938 millones, lo que representa el 1,4% del presupuesto del Poder Judicial.
El magistrado Luis Guillermo Rivas, de la Comisión de Construcciones, considera que el aumento en la demanda de servicios generó la necesidad de tener más edificaciones. Actualmente, requieren 80.000 metros cuadrados.
¿Por qué no se construyó? La razón, según Rivas, es debido a que con el 87% del presupuesto se pagan los salarios de 11.600 empleados, por lo que apenas resta un 13% para atender las necesidades administrativas, de la Fiscalía, OIJ y Defensa Pública.
“Cuando enviábamos el presupuesto al Ministerio de Hacienda con todas las necesidades y nos excedíamos, lo primero que nos pedían era que recortáramos las partidas de menor urgencia o las más grandes”, señaló.
Según el magistrado, la única figura que les quedaba para financiar una construcción era la del fideicomiso. Ahora, negocian con el Banco de Costa Rica uno por ¢50.000 millones para levantar tres torres en Hatillo, de 30.000 metros cuadrados (el metro cuesta ¢1,6 millones). Para pagar el fideicomiso, se presupuestaron ¢4.000 millones al año.
Allí albergarán funcionará el tercer circuito judicial: Pavas, Hatillo, Desamparados y Escazú. En estos sitios se alquilan 26 edificios por ¢57,2 millones al mes.
Francisco Segura, director del OIJ, aseguró que aún con esas torres en Hatillo, el espacio no será suficiente para la Policía.
Rivas explicó que esas nuevas oficinas serán ocupadas por el personal de las oficinas administrativas que ahora se encuentran en varios pisos de uno de los edificios del Poder Judicial, en San José, con lo que darán espacio al OIJ.
Por otro lado, el magistrado comentó que se está en proceso de licitar la construcción de un edificio en Jicaral, de 1.000 metros cuadrados, que costó ¢1.000 millones, financiados con presupuesto.
