Funcionaria de Fuerza Pública era indagada por abuso de autoridad

Por: Hulda Miranda P. y Óscar Rodríguez 17 junio, 2015
El acoso sexual ha sido considerado una falta gravísima en el Poder Judicial, la cual se castiga con suspensiones o despidos. | IMAGEN ILUSTRATIVA.
El acoso sexual ha sido considerado una falta gravísima en el Poder Judicial, la cual se castiga con suspensiones o despidos. | IMAGEN ILUSTRATIVA.

Un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Nicoya le pidió favores sexuales a una oficial de la Fuerza Pública a cambio de ayudarla a librarse de una pesquisa que se le seguía por abuso de autoridad.

El agente, Juan Carlos Piñar Aguilar, de 40 años, primero le advirtió a la funcionaria de que, de ir a juicio, tendría que afrontar a jueces severos y que incluso podría terminar en la cárcel.

Después le aseguró que él podría ayudarle a presionar a los testigos y le propuso que fueran a una cabina. Además, le manifestó: “Si ese día de la cabina me da un besito en las tetitas o en otras partes, nadie lo va a saber”, según consta en el expediente judicial.

Esta situación fue conocida por el Tribunal de la Inspección Judicial, el cual consideró que se trataba de una falta gravísima de acoso sexual y le impuso un castigo de dos meses de suspensión sin goce de salario.

No obstante, el pasado 21 de mayo, el Consejo Superior analizó una apelación planteada por la víctima y modificó el castigo a una revocatoria del nombramiento de Piñar.

Este martes, el exagente le confirmó a La Nación que fue despedido, pero declinó dar más declaraciones sobre el asunto. Añadió que su abogado tampoco se referiría al tema.

La identidad de la ofendida se reserva por protección a las víctimas de hostigamiento sexual. La causa contra ella, por abuso de autoridad, fue desestimada en enero del 2014.

El funcionario judicial separado laboraba en el OIJ de Nicoya. El Poder Judicial no brindó la información de su trayectoria laboral. | ARCHIVO.
El funcionario judicial separado laboraba en el OIJ de Nicoya. El Poder Judicial no brindó la información de su trayectoria laboral. | ARCHIVO.
Como prueba, la víctima aportó “la grabación que realizó de una de las llamadas que le efectuó el encausado, donde este le solicitaba su cuerpo como una forma de pago para ayudarla en una investigación que él tramitaba en su contra”. No obstante, la Inspección Judicial rechazó la prueba por considerar que hubo vulneración a derechos fundamentales como la intimidad, por grabarse sin consentimiento del acusado.

Chantaje. De acuerdo con el expediente, el caso se remonta al 10 de mayo del 2013, cuando un compañero de la oficial de la Fuerza Pública le indicó que a un agente del OIJ le urgía hablar con ella, por lo que ella se trasladó al OIJ de Nicoya y se encontró con Piñar en el parqueo.

El investigador le dijo que él se encontraba tramitando una queja contra ella por, supuestamente, haber agredido a otra mujer que quedó con la boca lastimada. Le comentó que había testigos y que el hecho quedó registrado en cámaras de seguridad.

Le manifestó que ella podría quedarse sin trabajo y hasta ir a la cárcel, lo que le generó mucha preocupación a la oficial, pues es madre de tres hijos.

Piñar le expresó a la oficial que él podía favorecerla presionando a los testigos para que no se presentaran y, de seguido, le dijo que ella era “una macha (rubia) muy linda”.

Incluso le pidió su número de teléfono, con la excusa de mantenerla al tanto de la pesquisa, pero después la llamaba con frecuencia y le mandaba mensajes de texto con contenido personal.

Un día la invitó a almorzar, a lo cual ella accedió pues temía que, si se negaba, podría salir perjudicada en la investigación.

En algún momento, Piñar la llamó y le planteó no ir a un lugar público, pues alegó que era casado, por lo que sugirió ir a una cabina y fue cuando le propuso que le hiciera favores sexuales.

Estos hechos hicieron que la víctima se sintiera atemorizada y chantajeada, según se lee en la denuncia. En el proceso disciplinario, la mujer también aportó como prueba la grabación de una llamada en la que, supuestamente, Piñar le pedía el “cuerpo como pago” por brindarle ayuda.

Sin embargo, el Tribunal de la Inspección Judicial rechazó ese indicio porque se grabó sin consentimiento del acusado.

Amonestación. Al resolver este expediente, el Consejo Superior destacó que Piñar Aguilar utilizó su posición de poder por ser el investigador de la causa que se seguía contra la afectada.

Enfatizó que se dio una transgresión al Reglamento de Ética del OIJ y al Código de Ética Judicial, lo cual afectó la imagen de esa institución.

“Máxime tratándose de un investigador, de quien la sociedad espera en todo momento un comportamiento intachable, lejos de cualquier actuación indecorosa, inadecuada o delictiva”, concluyó esa instancia.