Es sospechoso de golpear a un sujeto para tratar de cobrar una deuda de dinero

Por: Hulda Miranda P. y Óscar Rodríguez 19 agosto, 2014

El agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de San Ramón, Víctor Julio Baldí Romero, de 35 años, irá tres meses a prisión preventiva como sospechoso de haberle dado una golpiza a un hombre para cobrar una deuda.

La misma medida cautelar se impuso a un amigo del policía, de apellido Brenes, quien también es investigado por la agresión.

La decisión la tomó el domingo el juez penal de Los Chiles (en la zona norte), Andrés Hidalgo, tras analizar los alegatos expuestos por el fiscal Héctor Bodán.

El representante del Ministerio Público señaló a Baldí y a Brenes por los delitos de robo agravado, privación de libertad, agresión con arma y violación de domicilio.

El funcionario del OIJ fue apresado el sábado por la Fuerza Pública de la zona norte. | CARLOS HERNÁNDEZ
El funcionario del OIJ fue apresado el sábado por la Fuerza Pública de la zona norte. | CARLOS HERNÁNDEZ

Una vez dictada la medida, los dos sujetos fueron llevados a la cárcel de La Marina de San Carlos.

Ataque. El agente judicial y su amigo fueron capturados el sábado por la Fuerza Pública en Pavón de Los Chiles, cuando trataban de huir en un vehículo tipo pick-up .

De acuerdo con la Policía, aparentemente estos hombres fueron contratados por un prestamista para que le cobrara una deuda de dinero a un sujeto de apellido Soto.

Supuestamente, cuando Baldí y Brenes fueron a buscar al deudor en la vivienda, solo encontraron a un peón de apellido López, a quien golpearon con una pistola. Los atacantes se marcharon del sitio, pero fueron detenidos cuando la Policía Administrativa hacía una revisión en carretera. Las autoridades les decomisaron un arma.

Antecedente. El OIJ comunicó que Baldí no tiene permiso para usar armas de fuego debido a que afronta una denuncia por violencia doméstica.

En el 2011, el Consejo Superior lo suspendió un mes sin goce de salario por un caso de agresión a su compañera.

Francisco Segura, director del OIJ, afirmó que, si de él dependiera, el agente ya estaría despedido. No obstante, la ley solo permite a la Policía aplicar sanciones menores a 15 días de suspensión.

Para faltas más graves, los casos son conocidos por la Inspección Judicial, cuyos fallos se apelan ante el Consejo Superior.

“El sistema está hecho para alcahuetear la corrupción, no solo en el Poder Judicial, sino en el sistema que, en general, rige a los empleados públicos”, dijo.

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