Entidad procura eliminar la saturación de tareas que tienen juzgadores penales

Por: Hulda Miranda P. y Óscar Rodríguez 11 mayo, 2015

Un escritorio repleto con 1.200 casetes de 90 minutos de grabación cada uno y mañanas, tardes, noches y fines de semanas pegado al teléfono.

Eso fue lo que vivió hace poco más de una década el juez penal David Hernández, cuando le correspondió realizar las intervenciones telefónicas en la pesquisa por la muerte del comunicador Parmenio Medina.

Él y otros jueces penales del país han tenido que mantenerse atentos ante las conversaciones de la delincuencia y, al mismo tiempo, atender otras tareas como audiencias, allanamientos y levantamientos de cadáveres.

Eso, según reconocen las autoridades judiciales, en ocasiones causa que se pierda información relevante. Sin embargo, la saturación de funciones podría quedar atrás.

El 7 de abril, el Consejo Superior del Poder Judicial dio luz verde a la apertura del Centro Judicial de Interceptación de las Comunicaciones, en el cual 13 jueces se dedicarán exclusivamente a escuchar a los criminales mañana, tarde y noche (en tres turnos).

La creación de esa oficina fue ordenada por la Ley Contra la Delincuencia Organizada, promulgada en el 2009. Desde entonces, el Poder Judicial gestionó el recurso humano, físico y tecnológico.

En agosto del 2013 se nombró a los 13 jueces y se iniciaron las capacitaciones, con apoyo y equipo donado por la embajada de Estados Unidos.

En febrero de este año se terminó la remodelación del edificio (cuya ubicación se reserva por seguridad).

Lo único pendiente era que las telefónicas Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Claro y Movistar finalizaran las configuraciones necesaria, pues incumplieron los plazos.

Aunque ese paso sigue en trámite, los jueces de Interceptación le pidieron al Consejo que les permita iniciar labores con algunos casos para realizarlos bajo el esquema tradicional y migrarlos a los nuevos sistemas. Con ello, evaluarán, en forma integral, el funcionamiento.

El Consejo lo aprobó en abril y actualmente el Centro trabaja con tres casos.

Actualmente, las intervenciones de comunicaciones las realizan los jueces penales, quienes a la vez tienen que atender todas las otras funciones de su cargo. Esto implica que en ocasiones no puedan prestar la atención debida y pierdan información relevante para una investigación. | ARCHIVO.
Actualmente, las intervenciones de comunicaciones las realizan los jueces penales, quienes a la vez tienen que atender todas las otras funciones de su cargo. Esto implica que en ocasiones no puedan prestar la atención debida y pierdan información relevante para una investigación. | ARCHIVO.

Las intervenciones de comunicaciones se emplean en expedientes de delitos graves de delincuencia organizada, como narcotráfico, secuestros y homicidios.

El juez debe velar porque se protejan los derechos fundamentales de las personas.

Eficiencia. El vicepresidente del Poder Judicial, José Manuel Arroyo, y el juez director del Centro (cuyo nombre también se reserva por seguridad) destacaron que con el nuevo sistema se logrará inmediatez y eficiencia.

El magistrado reconoció que con el nuevo método los jueces están “rebasados” por las tareas, e incluso señaló que la seguridad del proceso está vulnerable.

Con ese punto coincidió el juez director, quien agregó que cuando la Fiscalía solicita una intervención, el trámite pasa por varias manos, desde asistentes hasta los jueces y que, por ello, se podría filtrar información.

“Ahora va a ser directo entre el juez que ordena y el juez del Centro”, explicó.

Según las proyecciones del Poder Judicial, cada turno de jueces atendería un promedio de 32 casos en el mes con menos trabajo y 56 en el mes de más asuntos.

Aunque esa cantidad es superior a la que actualmente tramitan los jueces, Arroyo señaló que al liberarse de otras funciones se podrá agilizar el proceso.

El Centro Judicial estará bajo la supervisión del magistrado Arroyo y de sus compañeros Román Solís y Eva Camacho.

Preparación. Los juzgadores que operarán el Centro han llevado capacitaciones en temas de delincuencia organizada como narcotráfico.

También se les ha impartido cursos para entender el lenguaje cifrado que emplean los grupos criminales.

Además, se les dio preparación en el funcionamiento de las telecomunicaciones en el país y cómo operar los sistemas informáticos. El magistrado Arroyo reconoció que en el esquema tradicional hay deficiencias en algunos de esos conocimientos.