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Agentes judiciales trasladaron ayer a los detenidos a las celdas del OIJ en Alajuela.Francisco Barrantes para GN
El director de la cárcel de San Rafael, ubicada en el complejo penitenciario La Reforma, en Alajuela, y cinco funcionarios más fueron detenidos ayer por cobrar a los reos sumas hasta de ¢80.000 para otorgarles privilegios.
Los prisioneros pagaban para ser trasladados a mejores celdas o a otras cárceles, asistir a partidos de fútbol en las instalaciones del complejo penitenciario en horas no permitidas y tener acceso a visitas conyugales indebidas. En muchos casos, si no pagaban, se les prohibía la visita.
Además, según la Fiscalía y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los funcionarios cobraban a los privados de libertad o a sus familiares para ingresar al penal a sus hijos menores de edad irregularmente, muchos de ellos con datos falsos.
Según Jorge Rojas, director del OIJ, las investigaciones se iniciaron en marzo. En estos meses se confirmaron tres pagos por un total de ¢200.000, realizados por agentes encubiertos. El primer pago fue de ¢60.000, el segundo de ¢80.000 y el tercero de ¢60.000.
El último de ellos ocurrió ayer cuando dos agentes encubiertos pagaron ¢60.000 con billetes marcados a un supervisor de seguridad, de apellido Artavia, quien fungía como chofer.
Agentes judiciales procedieron con la detención del director de la cárcel, de apellido Castillo, y de cinco subalternos más de niveles técnicos, incluido Artavia. Entre los sospechosos están el jefe de seguridad del penal, de apellido Fernández; el director de actividad deportiva, apellidado Ramírez; un orientador, de apellido Salazar y una trabajadora social, de apellido Durán.
Todos ellos estaban anoche en las celdas del OIJ de Alajuela a la espera de ser indagados.
Hernando París, ministro de Justicia, señaló que la mayoría de los detenidos tiene entre 20 y 25 años de laborar para la cárcel, pero no precisó desde hace cuánto iniciaron con los cobros ilegales.
Agregó que el director del penal conocía lo ocurrido y lo habría tolerado, e indicó que hay filmaciones que respaldan la investigación.
La cárcel de San Rafael alberga 800 internos. Según Adaptación Social, al menos 20 de ellos son indiciados; el resto, condenados.
Los reos tienen derecho a la visita conyugal, pero deben acreditar a la pareja. En el caso en investigación se determinó que los requisitos del penal se incumplían o que incluso a los presos se les negaba el derecho si no pagaban.
Denuncia. La investigación por este caso comenzó en octubre del 2009 cuando el entonces director de Adaptación Social, Reynaldo Villalobos, recibió una denuncia por parte de familiares de internos.
En ese momento, junto con la Dirección Jurídica del Ministerio de Justicia, se inició una investigación interna. Desde hace ocho meses, en marzo, se interpuso la denuncia ante la Fiscalía de Alajuela, y el OIJ procedió a la pesquisa.
Ayer, durante un allanamiento a las instalaciones carcelarias las autoridades se incautaron de computadoras, papelería y otro tipo de evidencia que supuestamente compromete a los funcionarios.
Intervención. El jerarca de Justicia afirmó que intervinieron ayer al mediodía el penal San Rafael.
La comisión interventora está a cargo del director del Instituto Nacional de Criminología, Alexánder Obando; el director de la Policía Penitenciaria, Guillermo Ugalde, y el subdirector de Adaptación Social, Reynaldo Villalobos.
Ese panel deberá dar un informe de las irregularidades, formular recomendaciones y corregir los errores que detecte. París adujo que no habían hecho la intervención antes para no entorpecer las investigaciones judiciales.
