Miembros del Organismo de Investigación Judicial y el juez cuarto de instrucción de San José, Ewald Acuña Blanco, interrogaron durante todo el día de ayer a dos supuestos líderes de comandos que operaron en otros golpes en el pasado.
Se trata de Minor Masís, jefe del comando Cobra, y Alvaro Sequeira Ramírez, líder del Brazo Armado del Pueblo.
El comando Cobra estaba integrado por 12 efectivos de la Guardia de Asistencia Rural (GAR) a quienes se les atribuyó la muerte de dos hombres en Alto Telire, Talamanca, en febrero de 1992.
A Masís, y su compañero Manuel Sarmiento Argüello, se les acusa por delitos de homicidio, mientras que a los otros nueve integrantes del comando --todos excarcelados-- se les procesó por violación, encubrimiento, robo y privación de libertad. El caso está pendiente de que se fije fecha para el juicio en el Tribunal Superior de Limón.
Sequeira Ramírez y 9 miembros más del Brazo Armado del Pueblo, fueron acusados en junio de 1993 de robo agravado, privación de libertad agravada y tenencia de armas prohibidas. Se les atribuye haber perpetrado un ataque contra los empresarios Daniel Bolaños y Arnoldo Salazar en San Miguel de Sarapiquí.
Aunque inicialmente fueron absueltos de los cargos, la Sala Tercera acogió un recurso de revisión de la sentencia y el caso se ventilará en un juicio que aún no está programado. Todos los miembros del grupo gozan también de una excarcelación.
Fuentes policiales, que pidieron no ser identificadas, confirmaron que los interrogatorios a los dos líderes continuaban hasta las 9:00 p.m. de ayer, en las instalaciones de los Tribunales de Justicia de San José.
También trascendió que, a esa hora, las autoridades no habían confirmado que existiera un vínculo entre ellos y los miembros del comando "Viviana Gallardo", que mantine cautivas a dos europeas desde el 2 de enero pasado.
Jornada de interrogatorios
La búsqueda de Masís y Sequeira inició en la mañana de ayer, cuando efectivos del OIJ visitaron la casa de habitación del primero, en Heredia. Luego de revisar el sitio, le solicitaron que se comunicara con Sequeira para interrogarlo.
Según relató el abogado de ambos, José Antonio Corea Martínez, Alvaro aceptó reunirse con Masís y dos oficiales, para lo cual se escogió la oficina de Corea, situada en las inmediaciones de la Clínica Bíblica en San José.
Alrededor de las 10:30 de la mañana, Masís arribó al sitio con los funcionarios judiciales y veinte minutos después lo hizo Sequeira.
Aproximadamente una hora y 30 minutos después de iniciado el encuentro las cuatro personas salieron del salón en medio de un ambiente de "tranquilidad y cordialidad", comentó Corea.
Masís comentó que se dirigían hacia San Carlos para participar en un operativo del OIJ donde supuestamente fungirían como enlace o canal de comunicación en el caso de secuestro. Esa versión no pudo ser corroborada con las autoridades.
Posteriormente, el jefe del comando Cobra salió de la oficina junto con los dos funcionarios judiciales y abordaron un vehículo Toyota Land Cruisser que había permanecido estacionado al frente con las luces de emergencia encendidas. Dos minutos después lo hizo Sequeira, quien comentó: "si algo pasa, llamaremos por teléfono". Corea les recomendó que se hicieran acompañar por un periodista.
Tanto Masís como Sequeira insistieron en que no tienen nada que ver con el secuestro de San Carlos.
Según Corea, la amistad entre los líderes obedece a que actualmente organizan la conformación del partido Republicano Nacionalista cuya inscripción fue solicitada ante el Tribunal Supremo de Elecciones con la idea de participar en las próximas elecciones.
Prensa recibe supuesto comunicado
8:45 a.m. Shirley Sánchez, recepcionista de La Nación, atiende una llamada. Un hombre con acento nicaragüense le informa que el "Comando Viviana Gallardo" dejará un comunicado en un teléfono público, ubicado frente a la industria Tío Pelón, en La Uruca.
Doce minutos después, un equipo de este diario, conformado por la periodista Irene Vizcaíno y los fotógrafos Manuel Vega y Juan Aguilar, encuentra un sobre debajo del teléfono, poco después que dos hombres, con marcado dejo nicaragüense, abandonan la caseta.
El más joven aparentemente hablaba por teléfono y, de repente, colgó. "Le pregunté: usted llamó al periódico; respondió que no. Luego le pregunté al mayor si tenía mucho tiempo de estar ahí y me contestó: tenemos un momentito", relató Vizcaíno.
Los reporteros al hallar el sobre que portaba el comunicado --dirigido a diario Extra, radio Reloj y La Nación--, trataron de seguir a los dos hombres, pero desaparecieron en cuestión de segundos.
En la nota, el comando señala que el secuestro de la suiza Regula Susana Sigfried y la alemana Nicola Fleuchaus "es un problema personal con el Gobierno", al tiempo que amenaza con realizar atentados terroritas. "... No estamos dispuestos a que se nos esté vacilando".
Norma Umaña, jefa de Redacción de Radioperiódicos Reloj, dijo que nunca recibieron llamadas ni el comunicado. "Nos enteramos porque el periodista que tenemos en la Presidencia nos llamó como a las 11 a.m. para decirnos que nos llegaría, pero nunca llegó", explicó.
A esa misma hora, Rodolfo Martín, redactor de este diario, recibió otra llamada de un hombre, solo para preguntar si ya tenían la nota.
De igual forma, Hugo Araya, jefe de Redacción de Extra, pese a no precisar las horas, informó de que se habían recibido dos llamadas: una para advertirles que les enviarían un comunicado y otra para verificar si lo tenían.
Ante este hecho, el Gobierno de la República emitió un boletín en que expresa que "no puede aceptar como verdadero dicho documento, máxime si se toma en cuenta que en más de 60 horas los secuestradores no han establecido ningún contacto formal e informal con nuestras autoridades".
El primer comunicado de los plagiadores, que contenía las peticiones del grupo para dejar en libertad a las dos europeas, fue dejado en el hotel Laguna del Lagarto Lodge, donde se produjo el secuestro, en Santa Rita de Boca Tapada, en Pital de San Carlos.
Errores y errores
Según un análisis realizado por el filólogo Fernando Díez --coordinador de corrección y estilo de este diario--, la cantidad de faltas ortográficas (44 en total) hacen pensar que fue redactado por una persona con un nivel de instrucción no más allá del primer o segundo grado.
No obstante, hace la salvedad de que el vocabulario empleado parece provenir de alguien con un nivel cultural medio.
"Ante esta incongruencia entre lo ortográfico y lo léxico, cabría pensar en la posibilidad de que los errores tan numerosos e inusuales obedezcan a un propósito deliberado de aparecer como analfabeto", señaló Díez.
Manuel Alvarado, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), poco después de haber recibido el comunicado, a las 4:20 p.m., dijo ayer que si fuera auténtico, este sería el primer contacto con los plagiadores, y agregó que la nota se entregará al grupo de expertos para su análisis.