Tres ingenieros y un contratista fueron condenados ayer a seis y ocho años de prisión por estafar con dineros públicos destinados a la construcción de casas para familias en extrema pobreza.
El fallo se conoció a las 3:25 p. m., después de más de un mes de deliberaciones, y lo pronunció el Tribunal de Juicio de Cartago.
Los sentenciados son los ingenieros Alejandro y Pablo Arrieta Torres (ocho años), y Rándall Mora Cordero (seis años).
Los jueces también impusieron ocho años de cárcel al contratista Róger Solano Castillo.
Los hechos ocurrieron entre el 2000 y el 2001 cuando, –según concluyeron los jueces– se organizaron para apropiarse de recursos públicos que destinarían a la construcción de viviendas.
Ese proyecto, financiado a través de la Mutual de Ahorro y Crédito (Mucap) de Cartago, tenía como meta beneficiar a 39 familias que vivían en extrema pobreza.
Según el Tribunal, el ingeniero Mora, quien trabajaba en el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), presentó informes falsos sobre las condiciones de los terrenos donde se levantaría la urbanización de interés social.
Por ejemplo, dijeron los jueces Tatiana García, Marvin Arce y Sergio Quesada, ese profesional aseguró que la propiedad contaba con servicios de agua y electricidad, lo cual no era cierto.
Sus cómplices se encargaron de la construcción de los inmuebles, lo que aprovecharon para levantar construcciones precarias, de bajísimo costo, para, según la Fiscalía, apropiarse indebidamente de una fuerte cantidad de dinero.
El Tribunal recordó a los sentenciados que las 39 familias todavía viven en condiciones precarias debido a la mala calidad de las viviendas que les entregaron.
“Esto no es una estafa cualquiera, es algo complejo, contra gente en extrema pobreza”, afirmó –por su parte– el juez Quesada.
Aunque varios de los afectados buscaron a los ingenieros para rogarles que les ayudaran, nunca recibieron respuestas.
No obstante que los ingenieros y el consultor no cuentan con antecedentes penales, el Tribunal ordenó esposarlos y dictó contra ellos seis meses de prisión preventiva mientras la sentencia queda en firme.
Además, los sentenció al pago de dos acciones civiles resarcitorias, una a favor de la Mucap y otra para el Estado costarricense.
La primera se fijó en ¢24,2 millones y la otra en ¢36,4 millones, las cuales deben ser pagadas 15 días después de la firmeza del fallo.
Los jueces consideraron que los condenados se apropiaron indebidamente, “en forma dolosa”, de fuertes sumas de dinero, con lo cual afectaron no solamente a las 39 familias, sino también a la Mucap y al Estado. “Se trataba de fondos públicos, no privados, como la defensa intentó hacer ver”, declaró el juez Quesada.
Los hermanos Arrieta, Mora y Solano fueron enviadosa la cárcel en Aguacaliente, Cartago.