El Tribunal Contencioso Administrativo condenó ayer al Estado al pago de ¢96 millones por el daño moral subjetivo causado al empresario colombiano Jorge Castillo Sánchez, a raíz de los cuatro años que permaneció en prisión, acusado por el crimen del comunicador Parmenio Medina Pérez.
El monto puede incrementarse pues el Tribunal también condenó al Estado por daño moral objetivo, monto que se fijará en la fase de ejecución de la sentencia.
Rodrigo Araya, defensor de Castillo, estima que eso elevaría la cifra a unos ¢150 millones.
Tanto el abogado Araya como su cliente se mostraron en desacuerdo con la cantidad fijada por el Tribunal pues pretendían una indemnización cercana a $1.000.000.
“Se pudo acreditar que el señor Castillo sufrió un daño producto del hacinamiento, el encierro, la insalubridad (en el presidio). Todo esto generó un trauma psicológico que se pudo constatar por los ataques de pánico y ansiedad que sufrió”, dijo el representante legal.
Araya anunció que apelará ante la Sala Primera. “Desgraciadamente, el Ministerio Público trabajó mal el caso de Parmenio Medina de principio a fin.
“En el caso de Jorge Castillo, hubo un error judicial pues se le confunde con otra persona de nombre Jorge Méndez Castillo”, explicó el defensor.
En principio, la Fiscalía señaló al empresario deportivo como uno de los supuestos intermediarios en la contratación del crimen, pero durante la etapa de conclusiones la representante del órgano acusador, Guiselle Rivera, pidió absolverlo al no poder demostrar vínculos con el crimen, ocurrido el 7 de julio del 2001.
“No es justo que a un ser humano se le pueda compensar con ¢2 millones por cada mes que pasó en la cárcel. Es lamentable que para los montos económicos se manejen sumas ínfimas por presión de la Procuraduría.
“Cuando uno llega a la cárcel, se puede decir que la vida del ser humano queda en un cero absoluto. Se pierde todo: la familia, los amigos, las empresas y hasta el nombre”, manifestó .
El empresario atacó al hoy exfiscal general Francisco Dall'Anese, de quien dijo quería un conjunto de colombianos en la acusación.
“Alguien confundió mi nombre y, para no hacer el ridículo, aceptan el error hasta las conclusiones. Me hacen sufrir cuatro años, a sabiendas de que no era la persona señalada por uno de los testigos”, agregó.
Castillo elevó el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Allí la causa aún no ha sido ventilada.
Su superior, el fiscal general, Jorge Chavarría, consideró que el Ministerio Público debe esforzarse por evitar acusaciones fallidas.
“Cuando llegué a este cargo, me propuse elevar al 80% las acusaciones (con condena). Existe un principio elemental que dice que si se afecta la libertad de una persona, el Estado deberá indemnizar si no hubo una razón para iniciar una persecución penal”, indicó.
Chavarría anunció que trabaja en la elaboración de una pauta de persecución penal, a fin de establecer una línea clara sobre los casos en que se debe acusar. La circular quedará hoy en conocimiento de los fiscales. Jorge Castillo dice vivir en la actualidad de sus ahorros.
El otrora acusado fue presidente y accionista del Deportivo Independiente de Medellín, en Colombia. Al país vino en 1998, con la idea de dar vida a un ambicioso proyecto de exportación de jugadores mediante su compañía, Futgol Marketing. En algún momento fue propietario de la mitad de la ficha del jugador Rolando Fonseca.