Delincuentes sin identificar destruyeron siete de las diez cámaras ubicadas en diferentes puntos del Caribe sur, a tan solo dos meses de haber sido instaladas en la zona.
Esto sucedió el 20 de junio, a la 1 a. m. en los sectores de Cocles y Punta Uva. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) aún no detiene a los responsables.
Los habitantes de esta zona están más que molestos por lo sucedido. Según cuentan, entre vecinos, comerciantes y hoteleros realizaron diferentes colectas para comprar los diez dispositivos que permitirían mejorar la vigilancia y la seguridad en esta parte del país.
En total, invirtieron $10.000 en la compra y la instalación.
La comunidad tiene un acuerdo con las autoridades policiales según el cual los vecinos ponen las cámaras, y la Fuerza Pública se encarga de instalar un centro de monitoreo a cargo de la Policía Turística.
La comunidad cumplió su palabra, pero la Fuerza Pública aún no. Las autoridades aducen que el centro de monitoreo está en proceso y no se comprometen a dar fechas o montos de la inversión.
Acuerdo en vilo. Manuel Pinto, director del Comité de Seguridad del Caribe Sur –a cargo del proyecto–, contó que hay un acuerdo con el Ministerio de Seguridad Pública para instalar el cuarto de monitoreo en la estación de la Policía Turística de playa Cocles.
Según la Cámara de Turismo del Caribe Sur, esa decisión se tomó en una reunión con el hoy viceministro de la Presidencia y viceministro de Seguridad, Celso Gamboa, y el ministro de Turismo, Allan Flores.
Gamboa afirmó que concretar el control de las cámaras es una de las prioridades del nuevo director de la Policía local, Edwin Miranda: “No podemos despreciar el esfuerzo de las comunidades limonenses en seguridad”.
El viceministro, sin embargo, se abstuvo de dar una fecha para concretar el proyecto con el cual el Gobierno se comprometió con los lugareños.
Se intentó conocer la versión de Allan Flores, pero no contestó las llamadas. El subdirector general de la Fuerza Pública, Pablo Bertozzi, tampoco pudo dar una fecha aproximada para la instalación del monitoreo.
“Estamos en una etapa de preparación y de completar una serie de requisitos técnicos y administrativos para poder monitorear las cámaras instaladas”, dijo.
Según Jhonny León, presidente de la Asociación de Desarrollo de Puerto Viejo, la idea surgió tras los asaltos a peatones y hoteles de los últimos meses.
“Se tomó la decisión de poner las cámaras de manera conjunta. Participaron hoteleros, asociación de desarrollo y vecinos”, dijo León.
El financiamiento para la compra de las cámaras provino de la comunidad y de los empresarios.
De acuerdo con el Comité de Seguridad, los dispositivos están ubicados en Playa Negra y en las entradas a Margarita y Paraíso.
Los aparatos costaron entre $200 y $300 cada uno. En total, son diez distribuidos en los tres sitios anteriores.
De las recolectas realizadas, aún queda un dinero que los vecinos utilizarán para reforzar la seguridad de la zona con equipos.
Así, mientras Seguridad define cuándo cumplirá con su parte del acuerdo, los lugareños invertirán otros fondos recolectados en reponer las cámaras destruidas.
Según contaron, les darán un mayor nivel de seguridad para minimizar la acción de los delincuentes que quieran acabar con ellas.