Funcionaria judicial avisaba de operativos a un ‘amigo’ mafioso

Una auxiliar del Juzgado Penal de Alajuela, de apellido León y de 35 años, le avisaba sobre operativos policiales a un “amigo” que estaba siendo investigado por liderar una banda dedicada a robar carros, conocida como Los Gallos.

Ella fue descubierta en el 2010, cuando agentes judiciales que investigaban al sospechoso, apellidado Leitón, escucharon llamadas telefónicas en que la mujer le daba detalles de las pesquisas.

El pasado 2 de octubre, el Consejo Superior del Poder Judicial acordó despedirla, luego de analizar un informe emitido por el Tribunal de la Inspección Judicial que señalaba que la funcionaria cometió una falta gravísima.

El Consejo determinó que León “no cuenta con las condiciones personales, aptitud moral e idoneidad, entre otros requerimientos necesarios, para continuar laborando en el ‘Servicio Público de la Justicia’, y, por tanto, no  merece la confianza que en ella se ha depositado”, según consigna el acta de la sesión de ese día.

Ayer se intentó consultar a la funcionaria sobre el despido, pero no fue posible localizarla.

Su madre indicó por teléfono que ella estaba trabajando en otra oficina de la Corte mientras el caso se resolvía en el Ministerio de Trabajo.

León es funcionaria judicial desde hace 12 años, de acuerdo con los datos suministrados por su defensa.

‘Amigos’. Según argumentó el Tribunal de la Inspección Judicial, León no solo faltó a su deber como funcionaria pública, sino que también demostró “incorrecciones en su vida privada” al “mantener vínculos con una persona de dudosa reputación”.

Ese ente, además, acusó a León de presentarse en la Fiscalía y pedirle a un fiscal que “intercediera” en la entrega de un vehículo decomisado al imputado.

De acuerdo con el informe, la empleada judicial y Leitón se comunicaron al menos en 16 ocasiones por teléfono.

En esas llamadas, ella lo alertaba de acciones que realizarían los agentes, como, por ejemplo, decomisos de autos, según se narra en las transcripciones.

“(León) mantenía en el momento de los hechos una relación de ‘amistad con’ Leitón (...). Le suministró datos confidenciales respecto a la causa que se investigaba (...), lo cual generó que esas instancias (investigadoras), junto con los jueces penales, tuvieran que implementar una serie de medidas para proteger la investigación”, adujo la Inspección Judicial.

Criterio distinto. Como parte del proceso disciplinario, la funcionaria solicitó a la Comisión de Relaciones Laborales conocer su causa. Ese ente emite criterios sobre las causas para que otros entes, como la Inspección Judicial, el Consejo o la Corte, tomen la decisión.

En este caso, esa Comisión recomendó archivar la causa, al argumentar que Leitón estaba embarazada y que el Código de Trabajo prohíbe despedirla.

Alegó que, por ley, el despido debe gestionarse ante la Dirección Nacional y la Inspección General de Trabajo.

No obstante, el Consejo Superior desestimó ese criterio y determinó que lo procedente era revocarle el nombramiento y hacerlo de conocimiento del Ministerio de Trabajo para que verificara que se había realizado el debido proceso antes del despido.