Herminio Venegas afirma que nadie le devolverá a su esposa, Norma Jiménez Cerdas, quien falleció el 22 de octubre del 2009 mientras viajaba en un bus que cayó al río Grande de Tárcoles, después de que el puente colapsó.
No obstante, porque debe mantener solo a sus tres hijos, pedirá una indemnización de aproximadamente ¢500 millones por daños y perjuicios .
Como él, las familias de los otros cuatro fallecidos también solicitarán el pago de ¢2.000 millones en total por los daños ocasionados por el deceso de las personas en Turrubares.
El abogado de las familias, Rafael Rodríguez, aseguró que las acciones civiles resarcitorias, para reparar el daño causado, las gestionarán durante el proceso en un documento aparte de la querella que fue presentada ayer en la Fiscalía de Atenas.
“Se pretende que los demandados civiles indemnicen los daños y perjuicios por el comportamiento delictivo de los imputados. Esto implica el daño material sufrido, así como el daño moral como consecuencia del sufrimiento y angustia que se da por la muerte de un ser querido”, según la querella.
En el caso de Flor María Rojas, vecina de El Llano, cantón de Turrubares, perdió a su nuera, Natalia Meléndez Quesada, en el mismo accidente.
La mujer manifestó: “Mi nuera era la que trabajaba y traía el sustento a la casa. Mis hijos tienen trabajos ocasionales lejos porque aquí no hay dónde trabajar.
”Pienso que todo en la vida tiene un tiempo y ahora se hará justicia, y que cada quien reciba lo que merece. Sí está claro en nosotros que ningún dinero nos devolverá a la persona”.
Rodríguez, abogado de 26 heridos en ese accidente, señaló que por cada uno de ellos solicitará entre ¢5 millones y ¢50 millones aproximadamente, dependiendo del grado de lesiones que sufrieron.
Sin embargo, los Tribunales de Justicia deberán solicitar a un perito judicial para que realice los cálculos por los daños y perjuicios ocasionados a las víctimas.
Rodríguez resaltó que la empresa dueña del bus, placas AB-4540, también figura en la demanda para que pague de forma solidaria las indemnizaciones que solicitan al Estado.
“Nosotros hemos tratado de conciliar y evitar así un proceso largo. A los afectados no le interesa llevar a nadie a la cárcel, sino establecer un precedente que evite más tragedias como estas”, argumentó el abogado.
Pedro Castro, quien era viceministro de Obras Públicas cuando ocurrió el accidente, anticipó que darán cuentas de lo que el MOPT hizo para tratar de evitar lo que ocurrió en el Tárcoles.
Añadió que le parece justo que las personas busquen una compensación por los daños producto de ese evento.