Sucesos

Uso INDEBIDO de armas y agresiones, entre otras faltas

390 empresas de vigilancia privada están en investigación

Actualizado el 14 de septiembre de 2012 a las 12:00 am

Seguridad tarda alrededor de seis meses en indagar y fijar sanciones

839 firmas, de las 1.800 inscritas, no cuentan con la licencia al día

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Unas 390 compañías que brindan servicios de seguridad privada están siendo investigadas por irregularidades en el desempeño de sus agentes.

Esas empresas corresponden al 20% de las 1.800 que se encuentran registradas en el país.

Entre los actos que se les achacan, destacan infracciones a Ley de Armas y Explosivos, obstrucción al trabajo de la Policía o maltratos a las personas.

Los expedientes son analizados por la Dirección de Servicios de Seguridad Privados del Ministerio de Seguridad Pública.

Andrés Olsen, jefe de esa dependencia, explicó que las anomalías con el uso de las armas consisten en que no están inscritas, o aparecen registradas por una persona distinta a quien la porta. También, que los vigilantes no cuentan con los permisos para llevarlas.

Precisamente, a inicios de este año, la entidad suspendió la licencia a la compañía Diema S. A. y a su dueño luego de que los vecinos del residencial La Itaba, en Sánchez de Curridabat, interpusieran una serie de denuncias ante la Fiscalía por amenazas y agresiones.

Paralelamente, Seguridad inició un proceso para determinar si le revoca definitivamente el permiso de funcionamiento.

Ayer, Olsen indicó que ese es uno de los casos que se encuentran en investigación, por lo que no daría detalles.

Faltas. El director de Servicios de Seguridad Privados agregó que existen otras faltas como “usar uniformes similares a los de la Policía, lo cual es prohibido”.

Además, denuncias de agresiones en bares o de vigilantes que no actuaron cuando hubo actos criminales.

No obstante, recalcó que no han conocido casos nuevos con hechos tan graves como los que se le achacaron a la empresa Diema S. A.

Mario Zamora, ministro de Seguridad, detalló que cuando las acusaciones apuntan a hechos delictivos se remiten a la vía judicial.

De las denuncias que indaga la Dirección, 120 ya se han convertido en procesos disciplinarios. “Todas son investigadas, pero el proceso disciplinario se inicia una vez que se recaba la prueba idónea”, explicó Andrés Olsen.

La entidad tarda alrededor de seis meses para determinar si aplica amonestaciones o anula definitivamente la concesión.

En el último año, la Dirección canceló tres licencias a compañías que violaron la Ley de Armas, según dijo el jefe de la oficina.

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Las autoridades señalaron que, en ese periodo, y con ayuda de oficiales de la Fuerza Pública, se han aumentado los controles sobre las firmas para evitar actos irregulares.

Sin permiso. De todas las empresas inscritas para dar servicios de vigilancia, 839 tienen el permiso vencido, según los datos de Seguridad hasta inicios de este mes. Algunas de ellas debieron realizar el proceso de renovación desde 1996.

Ayer, tanto Zamora como Olsen admitieron que muchas continúan dando servicios pese a no contar con la autorización.

A la vez, hay 22.453 agentes privados –de los 51.577 que están registrados –con la licencia para laborar vencida.

Los permisos deben renovarse cada cinco años, en el caso de las empresas, y cada dos años por los vigilantes. La Dirección revisa que no haya deudas con la justicia, o morosidad con la Caja, entre otros requisitos.

El ministro de Seguridad indicó que, en muchas ocasiones, los clientes del servicio no verifican que las empresas cuenten con la documentación al día.

“En este país es posible la libre contratación de personas de común acuerdo, y eso ha hecho que muchos de los que ofrecen servicios evadan los controles alegando que es un acuerdo entre ellos”, explicó Zamora.

A la vez, algunos agentes dejan de laborar, pero no se comunica a la Dirección, según explicó Olsen.

Ambos enfatizaron en la necesidad de que los usuarios denuncien a las compañías cuando no están en regla.

Asimismo, expusieron que procuran una reforma legal para aumentar las sanciones a quienes incumplan.

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