EscucharTras la detención de ocho funcionarios en la cárcel San Rafael –incluido el director– el 2 de diciembre del 2010, la Fiscalía pidió proteger a dos reos que figuran como testigos pues fueron amenazados de muerte.
Edith Morera, fiscala del caso, explicó que solo falta una prueba pericial de varios informes contables para plantear una acusación formal por los delitos de concusión y cohecho contra los funcionarios.
El exdirector del centro, de apellido Castillo, fue reubicado hace un mes en el área administrativa del Ministerio de Justicia.
Los otros siete funcionarios se mantienen suspendidos desde hace cuatro meses, con goce de salario, por orden del Juzgado Penal de Alajuela.
Castillo no fue suspendido pues a él se lo investiga solamente por el delito de incumplimiento de deberes.
Las autoridades identificaron a los sospechosos como González, Fernández, Artavia, Ramírez, Salazar, Chacón y Durán.
Los prisioneros, supuestamente, pagaban para ser trasladados a mejores celdas, asistir a partidos de futbol dentro y fuera del complejo penitenciario, y tener acceso a visitas conyugales indebidas, entre otros.
La investigación por este casó comenzó desde el 2009, cuando el entonces director de Adaptación Social, Reynaldo Villalobos, recibió la denuncia de varios familiares que le expusieron la situación.
De inmediato, la Dirección Jurídica del Ministerio inició una investigación y denunció el asunto ante la Fiscalía de Alajuela y el OIJ para levantar las pesquisas.
El Ministerio de Justicia señaló , incluso, que a finales de diciembre del 2008 un reo pagó a dos funcionarios ¢2,5 millones para que le gestionaran el indulto. No obstante, el beneficio nunca se concretó.
