La Corte impulsa un proyecto para llamar a certificación de servicios a unos 600 despachos judiciales de todo el país, mediante el sistema Gestión Integral de Calidad y Acreditación (GICA).
El plan piloto comenzó con dos oficinas: la Sala Segunda (ve asuntos de familia y trabajo) y el Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia. Los resultados, pese a que el período de estudio es relativamente corto (el proceso de evaluación comenzó este año), arrojaron números muy positivos.
Entre el 2006 y el 2009, la Sala quedó con un remanente, en promedio, de unos 90 expedientes que por año quedaron pendientes de resolución. El año pasado, por ejemplo, a conocimiento de los magistrados llegaron 1.351 asuntos, pero solo pudieron resolver 1.258.
Este año la situación es muy diferente; la Sala conoció (hasta julio) 722 asuntos, pero resolvió 1.138. El tiempo de resolución de casos pasó de 8,3 a 4 meses.
Situación similar ocurre en el Juzgado de Violencia Doméstica de Heredia. Durante el 2009, a su conocimiento llegaron 2.346 asuntos y de estos 2.294 quedaron resueltos.
Hasta agosto de este año, ese despacho había recibido 1.422 expedientes, pero sus números de resolución ascendían a 1.526.
Como parte del trabajo, ese Juzgado identificó las delegaciones de Fuerza Pública con menor efectividad en la notificación. La efectividad en las notificaciones pasó de un 75% a un 86,3%.
Asimismo, el tiempo actual de redacción de sentencias es de 7,8 días, en promedio.
“Permite identificar cuellos de botella, duplicidad de funciones y tareas innecesarias. Eso facilita controlar los tiempos de gestión del despacho y aplicar acciones correctivas a esos problemas que impiden el funcionamiento idóneo.
“GICA busca procesos de mejora continua y permanente. A eso lo llamamos gestión de calidad, entendiendo por eso la satisfacción de los usuarios”, explicó Vega.
Los primeros dos despachos involucrados en la iniciativa ya recibieron su sello de calidad. Otros siete (las salas I, III, y IV, el Juzgado de Familia y el de Trabajo de Goicoeceha, el Juzgado de Seguridad Social de San José y el Juzgado de Trabajo de Cartago) ya solicitaron someterse al proceso de evaluación.
El magistrado Vega comentó que la idea es acreditar por año entre 20 y 30 despachos hasta alcanzar unos 600.
El proyecto ha resultado tan exitoso que, de acuerdo con Vega, será discutido en la Cumbre Judicial Iberoamericana, en el 2012.
Aunque en principio el plan se concibió para aplicar las normas de calidad empleadas en empresas privadas, el Poder Judicial tuvo que adaptarlas para que se ajustar a sus requerimientos.
“En otros países hubo resistencia, y esta se genera en virtud de que los jueces no queremos ser fábricas de expedientes; no queremos ser comparados con una actividad de maquila.
“Un servicio público de justicia tiene especificidades muy propias que constituyen una esencia muy particular.
“Optamos por crear un modelo propio con normas de calidad propias que no existen en ninguna otra parte del planeta. A eso lo llamamos GICA Justicia”, concluyó Vega Robert.