“Si una casa se prende, se va todo esto”, dice Marvel Rodríguez, mientras apunta, con la barbilla, hacia los otros ranchos del precario Triángulo de la Solidaridad, en San Gabriel de Calle Blancos.
“Cuando hay chispa allá (al final de la hilera), salimos todos corriendo a bajar las cuchillas”, añade la mujer.
Son las 10: 30 a. m. del lunes 14 de abril. Un equipo de La Nación hace un recorrido por la zona, junto a los expertos del Cuerpo de Bomberos, Jacinto Saborío y Wílliam Hidalgo, y con el apoyo de la Fuerza Pública.
Apenas, al entrar, se notan las condiciones que convierten a los precarios en “bombas de tiempo” para incendios que podrían acabar con vidas, según Bomberos.
Lo mismo se ve en La Carpio ( La Uruca) y en otros 13 asentamientos identificados por Bomberos como los de mayor riesgo, por la cantidad de incidentes que presentan.
Solo en la fila en la que vive Marvel hay más de más de 100 casas apuñadas. Unas pocas cuentan con su propio medidor de electricidad y muchas otras se conectan al de algún vecino, quien se beneficia del cobro a los demás.
Una maraña de cables de materiales inadecuados para instalaciones eléctricas envuelve al caserío. En algunos puntos, los alambres cuelgan, seductores a las manos de los niños.
Es el escenario ideal para un cortocircuito. Según Bomberos, las emergencias, por esas fallas, aumentaron un 41% entre el 2012 y el 2013, al pasar de 3.372 a 4.751. Una buena parte fueron en precarios.
Este año no se queda atrás. El 20 de marzo, un daño eléctrico causó un siniestro que dejó sin casa a más de 200 personas en el caserío Caro Quintero, en La California, en el distrito de Río Segundo de Alajuela.
El suceso pudo ser peor, según las autoridades, pues los vecinos salieron ilesos.
Según la Encuesta Nacional de Hogares del 2013, en Costa Rica hay 6.600 viviendas ubicadas en precarios, en las que habitan 27.900 personas.
Encierros. A las malas instalaciones eléctricas se unen otros factores que dificultan el trabajo de los bomberos al apagar un fuego.
Los laberintos estrechos que sirven de caminos y las casas enrejadas como cárceles impiden el ingreso rápido de funcionarios, camiones y maquinaria.
“Por ejemplo, si hay un incendio en la parte trasera de la casa, ¿cómo entramos?”, cuestiona Saborío.
Los hidrantes son escasos o están a largas distancias.
Los cartones, tablas viejas y hasta bolsas plásticas que sustituyen al cielorraso, alimentan a las llamas. Al igual que los montones de basura tirada en la calle.
De eso no parecen estar al pendiente las señoras que preparan nacatamales en fogones dentro de las viviendas, ni el hombre ebrio que se dispone a quemar cables para obtener el cobre, que luego irá a vender.
Las quemas en charrales y niños que juegan con fósforos son escenas diarias, según Bomberos.
A eso se une la usual cercanía de los precarios a cañones de ríos o montañas. “Si aquí, por ejemplo (en un sector de escaleras pronunciadas en La Carpio) ocurre un incendio allá abajo, las llamas se extienden con rapidez y las autoridades se topan con el aire caliente. Es el efecto ladera”, explica Saborío.
Ilegal. Héctor Chaves, director del Cuerpo de Bomberos, consideró que “el problema es que es una construcción ilegal y, al estar al margen de la ley, las instituciones que dan permisos están ausentes y se aparta cualquier regulación”.
“Lo único que se puede hacer es demolerlos y hacerlos como debe ser. Pero esos son proyectos de gobierno. Por ahora, son verdaderas bombas de tiempo ”, dijo.
Jesús Sánchez, de Servicio al Cliente de Electricidad del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), reconoció la problemática con los precarios.
Explicó que el ICE instala los medidores y se asegura que cumplan con las condiciones adecuadas. “Llegamos hasta el punto de entrega, que es el medidor y adentro le corresponde al cliente”.
“Normalmente les damos el servicio a los que están frente a la vía pública y ellos comienzan a hacer reventa de energía.
”Legalmente, no podemos impedirlo, pero les decimos que al menos traten de hacer instalaciones adecuadas. Lo que pasa es que eso tiene un costo y es difícil para estas familias”, agregó.
Sánchez opinó que se requiere un trabajo de diversas instituciones para sensibilizar a los residentes de estos sectores.