Castigos a naves infractoras se hunden en mar de debates

Un año después, las discusiones navegan sin rumbo, pues el documento base de la nueva ley, planteado en julio del 2012, fue sustituido por otro en una iniciativa del Gobierno, en marzo del 2015. Posteriormente, en noviembre pasado y después de múltiples consultas, el Gobierno anunció otro texto.

El diputado del Partido Acción Ciudadana (PAC), Franklin Corella Vargas, miembro de la Comisión de Gobierno y Administración, la cual discute el plan, dijo que las variaciones “son de fondo en algunos artículos” y que se habla de texto sustitutivo para facilitar el trámite legislativo.

Afirmó que este proyecto (expediente 18.512 Ley de Navegación Acuática) es prioritario y se pretende que sea aprobado antes de finalizar este año.

Para la legisladora Maureen Clarke Clarke, de Liberación Nacional (PLN) y también integrante de esa Comisión, esta falta de decisión es “como un juego”. “¿Quieren esta ley o no la necesitan? Porque se han tomado el tiempo que han querido y a última hora aparecen con un documento reformado”, arguyó.

El principal escollo de la iniciativa es la creación y financiamiento de la Dirección de Navegación y Seguridad (DNS), adscrita al Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), que recibiría ingresos por el cobro de 126 diferentes tasas o cánones por los servicios que prestaría. Por ejemplo, la renovación por pérdida o extravío de una patente de navegación costaría $50 (¢27.000).

Aguas sin ley. Un informe del Departamento de Servicios Técnicos de la Asamblea (abril del 2013) hizo ver que la normativa en el ámbito marítimo está fundamentada, sobre todo, en decretos del siglo pasado.

Se calificó como desactualizada y carente de sanciones administrativas y penales.

Martín Arias Araya, director del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) de Seguridad Pública, dijo en la Comisión de Gobierno y Administración que legislar en esta materia “es extremadamente importante ya que en el mar lo que está sucediendo es como si en tierra no se tuviera controles del tráfico vehícular (...), donde las autoridades estamos atadas de manos porque no tenemos ningún instrumento jurídico para sancionar; solo podemos llamar la atención”.

Expuso, por ejemplo, que hay barcos sin elementos de seguridad, que tienen autonomía para viajar 40 millas náuticas (74 km) y los encuentran a 500 millas (926 km) mar afuera. Lo único que pudieron hacer fue invitarlos a regresar a puerto, dijo.

En el plan se prevén sanciones de cárcel y multa a quien navegue fuera de la zona autorizada. Incluso, dispone multa de uno o dos salarios base (¢424.200) a quien navegue, como pueden ser los jet ski , a menos de 50 metros de los bañistas. .

En el 2015, hubo 11 muertes por choques o hundimientos de lanchas. Las víctimas no llevaban el chaleco salvavidas cuando una ola volcó el navío.