EscucharLas personas que cometan delitos considerados menores (de penas muy bajas), pero que lo hagan influenciados por su adicción a las drogas, podrían librarse de ir a prisión. Eso sí, a cambio, deberán someterse a un riguroso proceso de rehabilitación que será supervisado por un juez.
Esa es la propuesta del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), junto con el Poder Judicial.
Se trata del programa Tratamiento en Drogas bajo Supervisión Judicial, o lo que en otros países es conocido como Tribunales de Tratamiento de Drogas.
“Es una forma diferente de administrar justicia en el país, en la que varios actores se unen. Está dirigido a aquellas personas que cometan delitos menores, que no sean con violencia, porque tampoco buscamos impunidad, y de los que se logre acreditar que los cometieron bajo su adicción a las drogas”, explicó Mauricio Boraschi, director del ICD.
Precisamente, ayer Boraschi y la magistrada Doris Arias, quien es la representante de la parte judicial, firmaron el acuerdo para dar inicio al plan.
“Se busca dar posibilidades a personas que no tienen acceso a tratamientos o no lo han buscado. También, disminuir la reinicidencia y descongestionar las cárceles”, manifestó Boraschi.
El proyecto se enmarcaría en la justicia restaurativa que promueve la Corte.
Las autoridades responsables indicaron que próximamente darán los primeros pasos con un plan piloto en San José. Con ese fin, jueces y fiscales ya están recibiendo capacitación.
Proceso. De acuerdo con Boraschi, los detenidos que decidan someterse a este programa deberán pasar por una evaluación tanto médica como de sus antecedentes.
“Se considera el tipo de delito que cometieron. Algunas de las personas que pueden aplicar al programa son, por ejemplo, aquellas que roban para comprar droga”, explicó el también viceministro de la Presidencia.
Estas personas no deberán tener registros de haber cometido infracciones anteriormente.
Además, el personal médico del Poder Judicial y del Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia (IAFA) realizarán una valoración de la condición de salud de la persona.
Una vez que se apruebe su participación en el programa, deberá cumplir con todo el proceso de rehabilitación que determine el IAFA, en coordinación con las autoridades de Salud del país.
“Puede ser desde un internamiento hasta una desintoxicación por fases. En caso de que lo abandone (el programa), deberá regresar a la fase judicial”, explicó Boraschi.
Agregó que la labor del juez es verificar que el individuo cumpla con el tratamiento.
El funcionario explicó que esta idea ha sido exitosa en otros países como Chile.
