Autoridades detuvieron a sospechosa quien al parecer se aprovechaba de la vulnerablidad de sus víctimas

Por: Katherine Chaves R., Réiner Montero 7 diciembre

La Policía de Migración rescató la tarde del miércoles a siete mujeres extranjeras aparentemente obligadas a prostituirse por ¢13.000.

Como supuesta responsable, las autoridades detuvieron a una costarricense de apellidos Chavarría Arias, sospechosa por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual.

La captura ocurrió en el bar Los Amigos, ubicado en el centro de Guápiles, informó la Dirección General de Migración.

Se presume que este local fungía como bar, restaurante y prostíbulo y era administrado por la detenida, confirmó Migración.

De acuerdo con la investigación, la imputada se aprovechaba del estado de vulnerabilidad de las extranjeras para ofrecerles trabajo como saloneras del bar y convencerlas de venir al país.

En apariencia, Chavarría también las engañaba al indicarles que les ayudaría a legalizar su estatus migratorio en el país.

Sin embargo, cuando llegaban aquí, las condiciones cambiaban drásticamente: las obligaba a comercializar su cuerpo por ¢13.000 tanto en ese bar como en otros locales de la zona, señaló Migración.

Si los clientes deseaban ir a otro lugar con las víctimas, debían pedir la autorización a Chavarría y pagarle ¢6.000 adicionales.

De ese dinero, las víctimas nunca obtuvieron nada, según trascendió.

En la indagación, las autoridades comprobaron que Chavarría mantenía un control estricto sobre las mujeres, ya que les exigía regresar al bar después de haber prestado los servicios sexuales.

"Esto evidencia que Chavarría Arias se aprovechó del grado de vulnerabilidad y carencias de estas mujeres, que por su condición irregular se encontraban temerosas de ser detectadas por las autoridades policiales, factor que utilizaba Chavarría para amenazarlas con el objetivo de que se mantuvieran laborando en el bar", detalló Elías Quesada, director de la Policía de Migración.

La imputada fue puesta a las órdenes del Ministerio Público para que determine su situación jurídica, mientras que las ofendidas fueron llevadas a un lugar seguro para salvaguardar su integridad física y psicológica.

En octubre pasado, el Tribunal Penal de San Carlos juzgó a una banda por trata de personas con fines de explotación sexual en perjuicio de unas 15 mujeres.

Las tres mujeres y el hombre –dos de ellos hermanos–, todos de origen nicaragüense, fueron condenados a 23 años de prisión, cada uno.

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