Los siete detenidos quedaron en la Fiscalía

 12 febrero, 2015

Puntarenas

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) detuvo la mañana de este jueves a siete funcionarios de Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por el presunto delito de peculado.

Las detenciones se realizaron en el plantel del ICE en Barranca, antes de que los empleados salieran a trabajar en carretera.

Momentos en que agentes del OIJ trasladaban a dos de los detenidos hacia la Fiscalía.
Momentos en que agentes del OIJ trasladaban a dos de los detenidos hacia la Fiscalía.

Los hombres son investigados porque, aparentemente, utilizaban los vehículos del Instituto para llenarlos de combustible, pero solo una parte era suministrada para los carros oficiales y el resto se lo dejaban o lo repartían entre varios para fines particulares.

Investigadores judiciales con la Fiscalía Adjunta de esa provincia, realizaron el allanamiento en las oficinas del ICE en Barranca y detuvieron a de los funcionarios que tienen entre 27 y 61 años de edad y un periodo de entre 5 a 37 años de laborar para la institución.

Son de apellidos Jiménez, Boza, Briceño, Porras, Herrera y dos de apellido Soto.

En el transcurso de la tarde se detuvo a tres hombres que laboraban como pisteros en las gasolineras donde los sospechosos compraban el combustible. Son de apellidos Gómez, Valverde y Soto.

Según informes del OIJ, al parecer los conductores y operadores de vehículos propiedad del ICE tenían autorización para realizar recargas de combustible a los camiones de la entidad.

Dichas recargas de gasolina se realizaban únicamente en estaciones autorizadas a nivel nacional. Al parecer, los detenidos efectuaban varios pagos por llenar el vehículo asignado de manera constante y por cifras muy altas, lo cual levantó sospechas en el encargado de aprobar las compras de combustible.

El encargado denunció lo ocurrido a nivel interno de la institución. Posteriormente, la auditoria del ICE se presentó la denuncia ante el órgano judicial para que se investigara los involucrados.

La investigación comenzó a mediados del 2014 y luego de varias diligencias realizadas por los investigadores del OIJ se determinó que al parecer estas personas realizaban dichas compras ocasionando un perjuicio económico por ¢1.5 millones.

Todavía faltan personas por detener, dice un comunicado del OIJ.

Información actualizada a las 6:55 p. m. por el periodista Hugo Solano

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