Sala III, formada por suplentes, también le dio libertad años antes

Por: Hulda Miranda P. y Óscar Rodríguez 8 noviembre, 2014
La residencia del empresario sospechoso de ser el autor intelectual de un intento de homicidio contra un socio se ubica en Concepción de San Rafael de Heredia. El jueves, los agentes judiciales allanaron la casa y detuvieron al individuo, de apellido Ramírez. | OIJ PARA LA NACIÓN
La residencia del empresario sospechoso de ser el autor intelectual de un intento de homicidio contra un socio se ubica en Concepción de San Rafael de Heredia. El jueves, los agentes judiciales allanaron la casa y detuvieron al individuo, de apellido Ramírez. | OIJ PARA LA NACIÓN

El hacinamiento en las prisiones del país tenía en libertad a un empresario condenado años atrás por administración fraudulenta y quien, el jueves, fue apresado nuevamente como sospechoso de mandar a asesinar a un socio.

Esa fue la justificación que dio ayer Adaptación Social del Ministerio de Justicia, al ser consultada sobre la razón por la que el presidente de la compañía Busetas Heredianas S. A., de apellido Ramírez, estaba libre, pese a no haber cumplido la condena de seis años.

De acuerdo con la entidad, Ramírez salió de la cárcel de San Sebastián el 7 de octubre del 2013 y fue ubicado en un centro semiinstitucional, en donde solo debía pasar una noche a la semana.

La decisión de trasladarlo la tomó el Instituto Nacional de Criminología (INC), en el momento en que el Juzgado de Ejecución de la Pena de San José ordenó desahogar las prisiones y puso a correr a las autoridades penitenciarias.

Según el Ministerio de Justicia, con base en la determinación del Juzgado y de una circular interna que permite hacer valoraciones extraordinarias, se resolvió el egreso del reo a un programa de menor contención, por no tener causas pendientes.

Este jueves, el empresario fue detenido como presunto autor intelectual del intento de homicidio de un socio, de apellido Garita, que ocurrió en febrero pasado, en Mercedes Norte de Heredia.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y la Fiscalía de Heredia también apresaron a un supuesto intermediario, apellidado Mora, al presunto gatillero de apellido Reyes y a dos colaboradores de apellidos Hernández y Chacón.

Libertad previa. En total, Ramírez solo estuvo un año y cuatro meses dentro de la cárcel.

Él fue sentenciado el 30 de marzo del 2005 por el Tribunal Penal de Heredia a 79 años de cárcel por 24 delitos de administración fraudulenta, tras la denuncia que puso Garita junto con otros socios. La pena se fijó en seis años por ser delito continuado (acciones iguales).

En ese momento, el empresario ingresó a cumplir prisión preventiva hasta setiembre de ese año, en tanto quedaba en firme la pena. A partir del 29 setiembre, quedó a las órdenes del INC para que cumpliera la condena.

Ese mismo día, la Sala Tercera resolvió un recurso de casación interpuesto por la defensa del sentenciado y lo halló responsable de un único delito de administración fraudulenta, pero mantuvo la condena de seis años.

Los magistrados acogieron parcialmente la casación y ordenaron un reenvío de la causa para que se justificara el monto de la pena, pero no suspendieron la ejecución de esta y siguió preso. Sin embargo, paralelamente, la defensa presentó un recurso de revisión.

El 5 de setiembre del 2006, la Sala Tercera, conformada por los suplentes Rosario Fernández, Ulises Zúñiga, Jorge Arce y María Elena Gómez, admitió el recurso de revisión.

En la resolución de admisibilidad, los jueces (con excepción de Gómez) acogieron una solicitud del imputado para que se le suspendiera la ejecución de la condena y ordenaron ponerlo en libertad, pero no ahondaron en las razones, según se lee en el fallo.

Meses después, se resolvió el recurso de revisión y también se ordenó el reenvío al Tribunal Penal, tal como ya se había dictado en casación. Mientras, Ramírez continuaba en libertad.

El nuevo fallo de los jueces penales de Heredia se dio en noviembre del 2008 y se mantuvo la condena de seis años de cárcel.

Esta sentencia también fue llevada a casación por varias de las partes. El 14 de febrero del 2013, los magistrados resolvieron que se distribuyera el capital social de la empresa, en la forma en que estaba antes de la denuncia.

Luego, la Sala Tercera ordenó que el sentenciado reanudara el cumplimiento de su condena a partir del 10 de setiembre del año pasado, por lo que ingresó a la cárcel de San Sebastián, de donde salió tan solo un mes más tarde, gracias al beneficio que le dio el Ministerio de Justicia.