El expolicía de la Fuerza Pública, Rónald Herrera Borges, de 31 años, quien fue despedido en el 2012 por usar símbolos nazi y decirse afín a esa ideología, se quitó la vida en la mañana de este sábado, en su casa, en La Capri de Desamparados.
Los familiares y allegados de Herrera confirmaron su fallecimiento, pero prefirieron no dar más declaraciones.
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó de que se realizó el levantamiento de su cuerpo.
Poco antes de la muerte, Herrera publicó varias cartas en su perfil de Facebook.
En estas aseguró que tomaba la decisión porque sus fuerzas estaban “extintas”. Lamentó estar separado de sus hijos, tanto de tres mayores que no estaban reconocidos, como de tres niñas menores, a quienes, según escribió, no veía porque la madre había decidido separarlas totalmente de él.
“Perdónenme por no verlas crecer y no estar para celebrar sus logros”, dice una de las publicaciones que realizó.
En otra carta, escrita a su expareja, Herrera pidió perdón por no haber luchado más. Además, solicitó a sus allegados que cuidaran de sus hijos.
Su vida. Herrera laboró tres años para la Fuerza Pública, hasta que en abril del 2012, circularon fotografías suyas publicadas en Facebook en las que aparecía mostrando signos y banderas relacionadas con la ideología del nacionalsocialismo.
Dicha ideología, que gobernó en Alemania entre 1933 y 1945, promovió la supremacía de una raza sobre otras y sirvió de fundamento para asesinatos a judíos.
No obstante, en entrevistas dadas a con La Nación , Herrera aseguró que era seguidor porque consistía en el amor a su patria.
“Aunque la gente me quiera opacar, mi amor por la patria siempre va a estar porque aquí nací, crecí y aquí nacieron mis hijas. Mi trabajo es mi vida; mis compañeros son mi familia”, manifestó en el 2012.
Debido a sus posturas, el entonces ministro de Seguridad, Mario Zamora, ordenó el despido. No obstante, finalmente, el 24 de abril del 2012, la entidad lo removió del cargo alegando que registraba ausencias injustificadas de un año atrás.
En una nueva entrevista con este medio, en julio del 2013, el expolicía comentó que desde la separación laboral, no lograba conseguir otro empleo y que se trataba de discriminación.
Relató que se dedicaba a recoger chatarra y, en ocasiones, a vender lapiceros en la calle. El día del encuentro, aseguró que había gastado los últimos ¢500 que tenía en comprar leche a sus hijas.
Aunque él acudió a la Defensoría de los Habitantes por la supuesta discriminación, la oficina de prensa de la entidad indicó ayer que no se admitió la denuncia porque “lo que él aducía iba en contra precisamente de los derechos humanos”.