Ciudad Quesada (San Carlos). Un empresario se encadenó este jueves en las afueras de los Tribunales de Justicia en Ciudad Quesada, en protesta porque una jueza penal dejó en libertad a tres sospechosos de asaltar su negocio.
El afectado es Jorge Salas Lizano, propietario del centro turístico Rancho Lagos, en La Fortuna de San Carlos.
El violento atraco se dio en la madrugada del domingo. Luego, la Fuerza Pública detuvo a tres individuos de apellidos Quesada, Cordero y Álvarez.
El Juzgado Penal de San Carlos los puso en libertad con medidas cautelares.
Ayer, el comerciante se ató a una baranda, desde el mediodía y hasta las 2 p. m., para pedir que la jueza que dictó las medidas, Karla Rodríguez, le diera una explicación de por qué los dejó libres.
La funcionaria judicial recibió al protestante en una reunión privada de media hora, tras la cual Salas dio declaraciones a la prensa, en las que criticó que “algunos jueces y fiscales tratan con manos de seda a delincuentes”.
“La Fuerza Pública y el Organismo de Investigación Judicial capturan a los hampones, pero en los tribunales los dejan libres.
”A mis trabajadores, clientes y a mí nos encañonaron, nos golpearon, nos hirieron. La Policía los detuvo con las evidencias, pero la jueza los mandó para la casa”, reprochó el empresario.
El reclamo de Salas fue respaldado por la Cámara de Comercio e Industria de San Carlos. El presidente, Marco Vinicio Solís, criticó con dureza algunas decisiones judiciales.
“Estamos llegando a situaciones intolerables; la gente está decepcionada y eso es peligroso”, manifestó.
Según los empresarios, desde mayo se han reportado fuertes golpes de asaltantes en locales comerciales de la zona.
Además, en esos hechos murieron un guarda y dos presuntos delincuentes.
Según estadísticas del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), entre enero y julio de este año se denunciaron 13 atracos en esa zona.
Pidió cárcel. Alba Campos, fiscala adjunta de San Carlos, informó de que el fiscal a cargo del caso solicitó prisión preventiva.
La jueza Rodríguez, a través de la oficina de prensa del Poder Judicial, indicó que valoró los peligros procesales y determinó que los imputados podían seguir ligados al trámite del caso con medidas alternativas. Por ejemplo, se les ordenó firmar cada 15 días en el Juzgado, no salir del país ni cambiar de domicilio.
A Cordero se le concedió un mes para buscar trabajo o estudiar, mientras a Quesada y Álvarez se les exigió mantenerse laborando pues ambos tienen trabajos regulares. A este último también se le prohibió trabajar en porteo.
La Fiscalía apeló la decisión de la jueza Rodríguez.