Escuchar"Ese hombre, el de la camisa azul; él fue el que me robó el carro." Con esas palabras identificó ayer Julieta Ugalde León al imputado Roberto Maya Rosales, alias El Cubano, durante el juicio que se lleva en su contra por robo agravado y asociación ilícita.
La causa judicial, una de las siete que se ventilan en un mismo juicio desde el lunes de la semana pasada, tiene que ver con el robo de un vehículo Hyundai Elantra, propiedad de Ugalde, sustraido de su casa el 24 de octubre de 1994.
Amenazas denunciadas por testigos y ofendidos, así como seguimientos y llamadas de amenaza contra una de las juezas del Tribunal que ventila la causa, originaron que ayer se incrementara la vigilancia en la sala número ocho de los Tribunales de Justicia, sitio en el que se lleva a cabo el debate.
La solicitud de identificación a los asistentes y la custodia de la sala por parte de dos policías más, fuertemente armados, son parte de las medidas adoptadas a partir de ayer.
Lío con intervenciones
El requerimiento de instrucción formal contra Maya, Silvio Aguirre Ibarra y Francisco Boza Montero --los tres acusados por el robo-- afirma que juntos se ponían de acuerdo para sustraer vehículos y devolverlos a sus dueños luego de cobrarles fuertes sumas de dinero.
La mayoría de la prueba que incrimina a los encartados, recabada por la policía, consiste en registros documentales de los mensajes que recibían en sus radiolocalizadores.
Las defensoras públicas, Margarita Bellido y Juliana Kikut, presentaron un incidente de nulidad contra la evidencia, alegando que, al recabarla, se violaron los derechos de sus clientes porque, salvo dos excepciones, la ley no autoriza la ejecución de intervenciones telefónicas.
Sin embargo, tras el descargo del fiscal, Wálter Alfaro, el Tribunal Superior Tercero Penal resolvió aceptar la prueba con base en jurisprudencia de la Sala Constitucional, que califica como "documentos privados" ese tipo de registros.
Los testimonios
Durante la sesión de ayer, el Tribunal recibió dos testimonios: el de Julieta Ugalde y el de Marta Velazco, amiga de la primera, quien contactó a Boza para que buscara el vehículo.
Ugalde, que canceló ¢200.000 para que le devolvieran el carro, dice haber negociado con Boza el monto a cancelar. La testigo, que afirma haber presenciado el hurto a un metro y medio de distancia, identificó a Maya como la persona que se aproximó a la cochera de su casa y sustrajo su vehículo.
Dos de los imputados --Maya y Aguirre-- se negaron a declarar, y Boza, quien asegura que actuó como investigador privado, ratificó una declaración que rindió ante el Juzgado Tercero de Instrucción en 1994.
