El Tribunal Superior Tercero Penal, sección primera de San José, impuso ayer fuertes penas de prisión contra los investigadores privados Francisco Javier Boza Montero y Luis Gustavo Barboza Gómez, a quienes el OIJ vincula con una peligrosa banda de robacarros.
Los jueces superiores revocaron, además, el beneficio de excarcelación de que gozaban los encartados y, acogiendo una solicitud de la Fiscalía de juicio, ordenaron arrestar a Boza Montero, el único de los dos acusados que acudió a la lectura del fallo, hecho a las 5:30 p.m. de ayer, en una sala abarrotada de oficiales del OIJ y periodistas.
En ese momento, el Tribunal giró también orden de captura contra el otro condenado, el expolicía Barboza Gómez, quien desapareció misteriosamente dos horas antes de conocerse la decisión judicial.
El veredicto de los jueces, Alicia Monge; quien presidió; Carlos Boza y Emilia Solera, fue hecho público en medio de un ambiente de mucha tensión debido a las reiteradas amenazas de muerte hechas por desconocidos contra el Tribunal.
Anoche, agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) buscaban al prófugo, quien, al parecer, tiene familiares en Tibás.
De acuerdo con el fallo judicial, Boza Montero, un exoficial de narcóticos --dado de baja por pérdida de confianza-- deberá purgar 48 años de prisión por coautoría en un homicidio calificado, el robo agravado de un vehículo, privación agravada de libertad, receptación y tentativa de homicidio calificado.
"Yo vine esperando justicia y no la obtuve... pero respeto la decisión del Tribunal", exclamó Boza, propietario de una empresa de seguridad, cuando fue rodeado por varios agentes del OIJ que le pidieron entregar sus pertenencias y extender sus manos para ser esposado.
Mientras tanto, Barboza Gómez, quien al concluir el debate dijo al Tribunal: "Soy inocente; Dios sabe que no he cometido ningún delito", fue condenado a 15 años de prisión por homicidio calificado, pero huyó antes de conocer ese veredicto (Véase nota aparte.)
Crimen y castigo
Los hechos que atribuyeron a los sospechosos ocurrieron el 14 de junio de 1993, en San José, cuando varios hombres interceptaron al cambista Germán Salazar, a quien asesinaron de un balazo para robarle ¢2,6 millones, dinero que nunca fue recuperado por las autoridades.
Al huir del sitio del hecho de sangre, Boza Montero --quien decía ganar ¢400.000 al mes-- disparó a quemarropa contra el policía Dídimo Fulgencio Hernández y amenazó de muerte a Minor Smith Rojas para despojarlo de su auto.
Por todos esos hechos, que el hasta ayer investigador privado negó vehemente, el fiscal de juicio, Wálter Alfaro, pidió una condena de 58 años de prisión.
El funcionario judicial llamó la atención del Tribunal porque tanto Boza como Barboza "actuaron sin empacho, sin escrúpulos y ni así se observa en ellos un ápice de arrepentimiento".
Los dos condenados son vinculados por el OIJ con una violenta y peligrosa banda de robacarros integrada por otros diez individuos, dos de los cuales se encuentran aún prófugos.
Entre los sospechosos, sometidos a juicio desde hace 19 días, figuran también Ricardo Méndez Mata, alias Bambán, Willie Ruiz Zúñiga, el cubano Roberto Maya Rosales, y Silvio Antonio Aguirre Ibarra, conocido como Sandro.
Aún quedan por analizar en debates otras seis causas penales, todas relacionadas con la sustracción, en muchos casos violenta --incluso con asesinatos-- de autos en distintas partes del país.
Colaboró con esta información Rónald Moya Ch., periodista de La Nación.