Primero una persecución en carro. Luego un anónimo. Y por último una serpiente en un buzón. Todo esto es parte de una serie de amenazas que han recibido los tres jueces superiores que conocen la causa contra una presunta banda de robacarros.
El Tribunal Superior Tercero Penal, sección primera, está integrado por Alicia Monge Fallas --presidenta--, Emilia Solera Flores y Carlos Boza Mora, los que están bajo la protección especial de un grupo de policías. Así lo confirmó Boza Mora al concluir la sesión de ayer.
Fue un anónimo de muerte, hallado el viernes pasado en el buzón de la casa de Boza Mora, lo que provocó que los administradores de justicia decidieran acogerse al programa de protección especial. En este caso, dicha protección está a cargo de miembros de la Policía Especial de Apoyo (PEA).
Salta una serpiente
En el buzón, que esa mañana fue abierto por una familiar del alto funcionario judicial, además del escrito saltó una serpiente, al parecer venenosa, que estuvo a punto de atacar a la pariente.
Sin embargo, antes de que esto ocurriera, en la residencia de Boza Mora se habían recibido 15 amenazas telefónicas desde que el juicio comenzó el lunes 4 de marzo, según lo corroboró ayer el mismo juez superior ante periodistas de cuatro medios distintos.
La presidenta Monge Fallas había reportado recientemente la persecución de que fue objeto por parte de individuos a bordo de un pick up color rojo tras concluir sus labores diarias.
El vehículo, presuntamente, era similar al de un familiar cercano a uno de los imputados, según una averiguación del momento.
A los tres jueces superiores, anteriormente, se les había ofrecido protección especial, pero ellos no aceptaron la propuesta en esa oportunidad cuando se cumplía con la primera semana de juicio.
En ese periodo --el 8 de marzo-- la revelación de amenazas telefónicas hacia algunos ofendidos y sus familiares, o bien, actos vandálicos contra propiedades de testigos cruciales, obligó a las autoridades a redoblar las medidas de seguridad.
Acciones contra familiares
El juez Boza no quiso pormenorizar ayer sobre el texto del anónimo, y únicamente dijo que se le conminaba, so pena de causarle daño a su familia, a que abandone la línea que había adoptado durante el juicio.
"Esto ocurrió apenas un día después de haber interrogado a un agente del Organismo de Investigación Judicial sobre un asunto que me interesa muchísimo y acerca del cual investigaré profundamente", dijo Boza Mora.
El juez superior se refirió a una declaración adonde el detective admite, tras un puntual e incisivo interrogatorio, que las bandas de robacarros "compraron conciencias" en las "más altas esferas", producto de su inmensa capacidad económica.
Boza explicó haber aceptado la protección especial, sobre la cual no quiso dar detalles por razones obvias: "Porque las amenazas ya no son solo contra mí... van más allá; ahora están dirigidas hacia mi familia."
El juez superior, quien calificó los anónimos recibidos como "rastreros y cobardes", reconoció que a mediados de los años setentas también recibió amenazas de muerte.
En esos años, agregó, la delincuencia era fácilmente ubicable. Ahora, no sabemos dónde está porque se presenta, incluso, olorosa a costosas fragancias, con vestimenta de boutique y es de cuello blanco".
Los casos
A continuación, un extracto de lo visto hasta ayer por el Tribunal Superior Tercero, sección primera, que ha conocido cuatro de las siete causas que conforman el expediente contra, presuntamente, una de las más grandes bandas de robacarros que hubo en el país:
Germán Salazar Abarca: era una persona que se dedicaba a cambiar giros del Gobierno. El 14 de junio de 1993 lo mataron a balazos para robarle su vehículo y el maletín en el que, al parecer, transportaba ¢2,6 millones. Como imputados aparecen Francisco Javier Boza y Luis Gustavo Barboza Gómez.
Dentro de la misma causa, la primera de las siete que componen el voluminoso expediente, también aparecen como ofendidos:
- Dídimo Hernández: el Guardia Rural que resultó herido de bala cuando intentó evitar el asalto antes mencionado.
- Máinor Smith Rojas: la persona a quien uno de los asaltantes secuestró con su vehículo para que lo sacara del lugar donde se producía el enfrentamiento.
Roberto Clachar Rivas: un empresario hotelero de Guanacaste, a quien le robaron su carro y por el cual tuvo que pagar una recompensa estimada en ¢900.000. Como imputados en esta causa, la segunda, figuran Ricardo Méndez Castro, conocido como Bambám y Javier Boza.
Luz Karine Farah: administradora de la zapatería Faruchas, a quien --presuntamente-- Roberto Maya Rosales, conocido como Cubano, le robó su vehículo tras haber acordado con la joven una primera cita amistosa.
Tomás Malavassi Fonseca: del automóvil le sacaron un maletín deportivo con varios cheques, los cuales trataron de cambiar al día siguiente. Como imputados aparecen Maya Rosales y Mario Valverde Sánchez, declarado reo rebelde. Esta es la cuarta causa.
Ileana Córdoba Retana y Julieta Ugalde León, dos amas de casa a quienes les robaron sus vehículos en barrio Aranjuez, y Curridabat, respectivamente. Los acusados son Roberto Maya, Silvio Aguirre, conocido como Sandro y Francisco Javier Boza. Esta es la quinta causa.