El Instituto Nacional de Criminología (INC) del Ministerio de Justicia ordenó revocar el beneficio que tenía un reo para estar algunos días fuera de la cárcel luego de que el sábado quedara detenido como sospechoso de violar a una mujer que dio a luz hace una semana, en Guácimo de Limón.
La oficina de prensa de Justicia informó de que desde el lunes el INC analizó el caso y solo está pendiente que se firme el acuerdo, lo cual podría suceder mañana, "con lo cual deberá regresar inmediatamente a descontar el resto de su condena al Programa Institucional".
El preso es Johnny Chaves Ramírez, de 39 años, quien descuenta una pena de tres años y cuatro meses de prisión por el delito de robo, impuesta el 2 de febrero del 2015.
El 11 de noviembre de ese año se le dio la oportunidad de pasar al Centro de Atención Semiinstitucional (CASI) de Limón, donde solo debía dormir una vez a la semana. La decisión se basó en la circular 05-2015 del Ministerio de Justicia, la cual buscaba cumplir reiteradas órdenes judiciales que buscaban bajar el hacinamiento carcelario.
De acuerdo con la Fiscalía Adjunta de Pococí, la madrugada del sábado, supuestamente, Chaves ingresó a una casa donde estaba una pareja con sus hijos de cuatro años, dos años y de siete días de nacido. Al parecer, amordazó al padre, se llevó a la madre a un montazal y la violó, pese a que ella le suplicó que no lo hiciera.
Poco después, la Fuerza Pública detuvo a Chaves y le decomisó un teléfono celular robado al padre de la familia. Al imputado se le dictaron tres meses de prisión preventiva.
En abril de este año Justicia emitió otra circular para valoraciones extraordinarias que avala reubicar a privados de libertad con dos sentencias; la anterior directriz solo permitía trasladar a quienes tuvieran una condena.
Valoración. Justicia también explicó que Chaves cumplía con todos los requisitos para ser trasladado al régimen semiabierto y que no tenía sentencias por delitos sexuales.
"En ese sentido, el INC reafirma el compromiso de mantener una revisión profunda de los mecanismos de seguimiento a estos beneficiarios, a través de las instancias correspondientes, con el apoyo de la Unidad de Seguimiento de la Policía Penitenciaria, la cual ha intercambiado información relevante con los diferentes cuerpos policiales del país", comunicó la institución.
Añadió que, recientemente, se creó una comisión con miembros de la Dirección General de Adaptación Social, de la Policía Penitenciaria, del INC y de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), para analizar a los presos que podrían optar por el beneficio de reubicación.
"En el último informe de más de 100 casos, el OIJ pidió no reubicar solo a dos personas", detalló Justicia.
Además, especificó que, de las personas trasladadas bajo el amparo de las circulares extraordinarias, entre enero y marzo del 2016, "únicamente se revocó el beneficio a tres de ellas, a quienes las autoridades judiciales les abrieron una nueva causa".
Se consultó a la OPO del OIJ sobre su participación en este proceso, pero la oficina de prensa indicó que nadie se referiría al mismo, sin brindar más explicaciones.
Sobre el nuevo caso, el Ministerio agregó que, "pese a que se trata de un hecho tan doloroso y lamentable, no debe ignorarse la gran cantidad de personas que, mayoritariamente, sí cumple con rigor los planes de atención técnica y las condiciones asignadas en los centros semiinstitucionales y, además, mantiene una conducta adecuada".