Sucesos

Homicidio ocurrió en Alajuelita

Taxista había denunciado al OIJ cobro de 'peaje' una semana antes de que lo mataran

Actualizado el 16 de mayo de 2016 a las 12:34 pm

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Taxista había denunciado al OIJ cobro de 'peaje' una semana antes de que lo mataran

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El hecho causó asombro entre el público y pacientes en el San Juan de Dios. (Alonso Tenorio)

El taxista informal que fue asesinado la tarde del sábado por no pagar "peaje" a un grupo criminal, había denunciado ese cobro ilegal ante el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) una semana antes de morir.

El fallecido fue identificado como Randall Roberto Fernández Marín, de 44 años, quien recibió al menos 15 balazos mientras le daba servicio a una mujer, de apellido Angulo, en Tejarcillos de Alajuelita.

Angulo, de 22 años, fue impactada en el abdomen, tórax y brazos y está muy grave en el hospital.

Gerald Campos, subdirector de la Policía Judicial, confirmó que Fernández fue uno de los ocho piratas que, en menos de un mes, denunciaron las extorsiones.

"Estábamos trabajando en eso justo cuando se da este lamentable hecho y así es como una extorsión se convierte en un homicidio", dijo el funcionario, quien agregó que las investigaciones por este tipo de delito tienen "un gran grado de dificultad".

De hecho, según allegados de la víctima, quienes pidieron reservar su identidad por temor a represalias, Fernández fue quien incitó a los otros taxistas a acudir a las autoridades.

"Él decía que no iba a pagar, que no les iba a hacer caso a esas personas. No sé si pensó que no le iban a hacer nada, que eran simples amenazas o qué, pero lo mataron", señaló un conocido de Fernández.

Hasta la tarde de este lunes, las autoridades no tenían a nadie detenido por este crimen.

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Obligación a pagar. Fernández tenía cerca de diez años de ser taxista informal en Tejarcillos de Alajuelita, lugar donde vivía, pero la primera vez que le cobraron 'peaje' fue hace unos 15 días, detallaron los allegados del fallecido.

"En ese momento él pensó en si pagaba o no, pero la verdad no sé si al final accedió. Él tenía un carácter fuerte y es que si uno se gana plata, no tiene por que regalarla y por eso lo denunció", recordaron.

El monto exacto que le exigían a Fernández por día se desconoce, pero Erick Calderón, subdirector regional de la Fuerza Pública, aseguró que, generalmente, cobran ¢2.000 a cada taxista pirata para no asaltarlos

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"La manera de operar de esta banda, porque esto es un grupo criminal importante, es que unos llegan a amenazar y, después, otros llegan a cobrar", contó el jefe policial.

Agregó que el auto desde el cual le dispararon a Fernández, se suele mover por Tejarcillos y pertenece a la banda.

"Si al final este homicidio se relaciona con la cuestión del no pago a esa banda, estaríamos frente a un mensaje claro de esta organización. Estos delincuentes estarían demostrando su poderío y la seriedad con la que llevan los controles de quienes cumplen o no con el pago", lamentó Calderón.

Por ello, el subdirector de la Fuerza Pública aseguró que la manera para combatirlo es teniendo presencia policial. "Lo que hacemos es mantener patrullajes día y noche, también tenemos oficiales caminando por el sector", concluyó.

 
El taxista que agonizaba fue trasladado al centro médico por tres hombres, los cuales fueron entrevistados por el OIJ.
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El taxista que agonizaba fue trasladado al centro médico por tres hombres, los cuales fueron entrevistados por el OIJ. (Alonso Tenorio)

Al parecer, los sospechosos cobran ¢2.000 a cada taxista pirata para no asaltarlos, ¢1.000 a propietarios de casas y ¢20.000 a los dueños de negocios. 

Dificultad. La Policía Judicial no puede dar detalles del caso en específico, pero aseguró que las denuncias por extorsiones son muy difíciles de comprobar, porque, generalmente, los ofendidos temen mucho por su vida y se reservan detalles importantes, tales como la descripción física de quienes los amedrantan.

"Nosotros entrevistamos a la persona, tratamos de recopilar todos los datos para hacer un análisis criminal, pero a veces se dificulta por la poca colaboración de la ciudadanía. Solo nos dicen que les están pidiendo dinero.

"Por el temor que tiene la gente, prefieren no describir a la gente, no nos dan testigos y así es complicado. Nosotros necesitamos que nos indiquen quiénes son las personas, dónde se ubican, alguna característica que nos permita definir la investigación", aseguró Campos.

En caso de que la víctima se sienta amenazada, puede pedir que lo incluyan en el programa de protección de víctimas y testigos del Ministerio Público, añadió el jefe policial.

"Nosotros siempre le decimos al afectado que tiene ese derecho, pero no lo podemos obligar. Si acepta, será sometido a una serie de cuestiones que implican hasta el traslado momentáneo de su zona de residencia. Por eso mucha gente no lo acepta y no se lo podemos imponer", acotó Campos.

Asimismo, el subdirector señaló que los afectados se acercan al OIJ cuando ya tienen meses de ser amenazados. "Eso nos da un menor tiempo de reacción, porque ya han pasado muchas cosas y corren más peligro".

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Campos indicó que se reciben denucias por extorsión desde hace un par de años. "Los grupos de aquí están copiando modelos de bandas de otros países centroamericanos, los cuales cobran peajes a los trabajadores honrados para obtener dinero y comprar armas, entre otras cosas", explicó.

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Katherine Chaves R.

katherine.chaves@nacion.com

Periodista de Sucesos

Periodista en la sección de Sucesos y Judiciales. Bachiller en Periodismo en la Universidad San Judas Tadeo.

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