Silencio de testigos dificulta castigar asesinatos de reos

Algunos compañeros de cárcel probablemente vieron el ataque al preso David Zárate Chavarría, de 40 años, quien murió apuñalado el 2 de junio del 2013, en la cárcel San Rafael, en Alajuela, pero al parecer, ninguno lo contó a las autoridades.

Ese caso se sumó a la lista de asesinatos de reos que se quedan sin castigo, principalmente, por falta de testimonios.

De acuerdo con datos del Ministerio de Justicia, desde el 2010 hasta el 7 de diciembre de este año, 37 presidiarios murieron por agresiones.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) comunicó que –según la verificación que realizó hasta el miércoles– en 19 expedientes se remitió un informe con un posible responsable a la Fiscalía. En otro no había imputado, tres casos se mantienen en investigación y de otros no fue posible obtener el estado de la causa.

No obstante, la oficina de prensa de la Fiscalía, informó de que de todos los expedientes, en cuatro, un Tribunal Penal dictó una absolutoria. Otros siete tuvieron sobreseimiento, es decir, que se exculpa a los imputados por diversas causas, por ejemplo, dos casos en que oficiales dispararon ante una fuga.

Otros dos se desestimaron porque no se halló que hubiese delito o fue imposible proceder por falta de pruebas.

Un caso se archivó y del resto no fue posible conocer el estado porque la pesquisa estaba activa o porque el sistema consultado no arrojó datos.

En la revisión efectuado hasta ayer por esas autoridades, no se reportó ninguna sentencia condenatoria.

En la lista de presos muertos, se encuentra el reo Johel Araya Ramírez, asesinado en mayo del 2012, en Máxima Seguridad de La Reforma. Por este caso fueron absueltos 10 policías.

Dificultad. Michael Soto, jefe de la Oficina de Planes y Operaciones (OPO) del OIJ, resaltó que en estas pesquisas, los testimonios son “la prueba estrella” y, en las cárceles, esta es “poca o nula”.

“La prueba testimonial que obtenemos es de policías penitenciarios, cuando ellos presencian el hecho (...), pero eso en pocas ocasiones ocurre”, señaló.

Ante eso, la Policía Judicial recurre a prueba científica. “Tratamos de recolectar elementos como huellas, sangre o elementos pilosos”, explicó Soto.

El jefe policial añadió que otra dificultad es que los victimarios planean el ataque y lo ejecutan cuando hay poca vigilancia y no están otros reos cerca.

También, detalló que la mayoría de muertes son por armas blancas hechizas.

“Se producen en los mismos centros penitenciarios, ya sea con un trozo de metal de las mismas estructuras, una cuchara o cepillo de dientes”, expresó Soto.

Medidas. Según los datos de Justicia, la mayoría de homicidios del último lustro se dio en el complejo La Reforma. Los fallecidos tenían entre 21 y 55 años de edad y la mayoría estaba encarcelada por robar.

Aunque las autoridades no pudieron determinar las causas de todos los crímenes, en muchos se habla de posibles riñas y hay dos que podrían estar vinculados con el sicariato.

Marco Feoli, ministro a. i. de Justicia, aseguró que cuando hay alertas de que un preso corre peligro, el sistema está en la obligación de protegerlo.

“Es frecuente que se den traslados (de reos), aunque no tengo el dato exacto”, ejemplificó.

Feoli añadió que cuando ya ocurrió el homicidio, la Fiscalía es quién debe determinar la forma de proteger a los testigos e indicarle a Justicia.

Sobre esto, el jefe de la OPO mencionó que el OIJ y la Fiscalía cuidan a los testigos mediante la Oficina de Protección de Víctimas y Testigos.

“Hay varios niveles de protección. En el caso de un privado de libertad, podríamos valorar colocarlo en un nivel de contención menor o trasladarlo de centro penitenciario”, rescató Soto.

Además, abogó porque el Ministerio de Justicia amplíe el proyecto de colocación de cámaras de video en puntos estratégicos.

Feoli, por su parte, recordó que a inicios de este mes, Justicia y la Embajada de Estados Unidos inauguraron un centro de monitoreo con 86 videocámaras en La Reforma.

Afirmó que se está en negociaciones para ampliar el sistema a otros centros. Colaboró la periodista Katherine Chaves.