Sucesos

Los Chiles y San Carlos, Alajuela

Ganaderos de la zona norte exigen freno para cuatreros

Actualizado el 13 de enero de 2014 a las 12:00 am

Antisociales organizados matan reses y las destazan en los potreros

Ganaderos se quejan de que la ley emitida para castigar delito no funciona

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Ganaderos de la zona norte exigen freno para cuatreros

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Asdrúbal Rojas fue víctima de bandas que destazan animales. Ahora mantiene el ganado cerca de su casa, en Coquitales de Los Chiles. | CARLOS HERNÁNDEZ

Ciudad Quesada. Eladio Villalobos, Uriel Cubero, Hugo Rojas, Álvaro Ramos, Asdrúbal Rojas, Víctor Arce y Rafael Oviedo.

Todos ellos forman parte de una larga lista de ganaderos de Los Chiles y San Carlos, Alajuela, quienes en semanas recientes han sido víctimas de las bandas de antisociales dedicadas a destazar clandestinamente animales para aprovechar los mejores cortes de carne.

José Soto, de Pocosol de San Carlos, manifestó que tal delito sigue en aumento, pero muchos perjudicados no denuncian pues alegan que los cuerpos policiales tampoco han tenido éxito en la tarea de capturar a quienes llaman “asesinos de animales”.

Alba Campos, fiscala regional adjunta, dijo, sin revelar cifras, que el nivel de denuncias no se ha incrementado, pero reconoce que muchos casos de robo y destace no se denuncian.

“Hay una cifra negra que impide tener un panorama amplio de lo que realmente está pasando. La Fiscalía está siendo muy enérgica en pedir cárcel para los delincuentes. Ni siquiera estamos dando la posibilidad de aplicarles una medida alterna”, añadió la jerarca local del Ministerio Público.

Según las autoridades, los finqueros pierden alrededor de ¢11.000 millones al año por el robo de sus animales.

No responde a expectativas. El 7 de octubre del 2010 entró en vigencia la Ley de Control de Ganado Bovino, Prevención y Sanción de Robo, Hurto y Receptación (Ley N.° 8799). La ley, y su reglamento, definen los procedimientos, mecanismos y responsabilidades para controlar, regular, prevenir y sancionar el destace, la matanza, el apoderamiento, la movilización, el transporte, la comercialización, el contrabando y la negociación de ganado bovino, así como de sus productos y subproductos.

Los cuatreros mataron esta vaca en la finca de Rafael Oviedo,  ubicada en Santa Rosa de Pocosol, San Carlos.  | CARLOS HERNÁNDEZ
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Los cuatreros mataron esta vaca en la finca de Rafael Oviedo, ubicada en Santa Rosa de Pocosol, San Carlos. | CARLOS HERNÁNDEZ

José Soto, Asdrúbal Rojas Rojas y Víctor Arce figuran entre los insatisfechos con la “ley Senasa” y su respectivo reglamento, pues argumentan que cuando esa legislación fue aprobada se les aseguró que sería un instrumento eficaz para frenar ese tipo de delito, que según sus manifestaciones, los está minando económicamente.

“Esa ley es malísima. Solo ha servido para entrabar y encarecer nuestra actividad, ya que nos exigen innecesarios y costosos requisitos para tener animales en los potreros, así como para trasladarlos a las subastas”, afirma Arce, a quien en diciembre le destazaron en su finca, en San Rafael de Los Chiles, una vaca valorada en ¢700.000. Arce dijo que no es la primera vez que eso le sucede. Semanas atrás le mataron un torete y una novilla.

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Este productor, de 61 años, es parte de un movimiento formado por finqueros de Guatuso, Los Chiles y San Carlos, cuyo objetivo es “traerse abajo la ley”. Opina que si la legislación no sirve hay que cambiarla.

Al respecto, German Rojas, director general de Senasa, manifestó que hay voluntad de modificar la ley, pero luego de las elecciones, para evitar que el tema se politice.

Responsabilidad policial. La fiscala Campos dijo, sobre el tema de los controles de las guías para transportar animales, que estos son responsabilidad de la Fuerza Pública en conjunto con los finqueros.

Según Campos, son los productores, y no el personal de Senasa, los llamados a cumplir con los requisitos que la ley exige para evitar que se transporten animales robados o la carne del destace.

“Hay quienes se quejan de que les decomisan animales en carretera, pero esconden que sus guías no están conforme a la ley”, reveló.

Por su parte, Rojas señaló que ha sucedido que tanto la Fuerza Pública como el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) tardan hasta más de tres días para atender una denuncia.

“La reacción policial es lenta, favoreciendo a los antisociales. Ya estamos cansados de oír a los policías decir que no tienen carros disponibles”, comentó el ganadero.

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