Una decisión tomada ayer por la Corte Plena podría significar que el monto de la pensión de los funcionarios judiciales se fije con base en sus últimos 120 salarios (10 años), en lugar de los últimos 24 (dos años), como ocurre actualmente.
Los magistrados avalaron ese cambio en un plan de reforma legal que deberán enviar a la Asamblea Legislativa en menos de tres meses, como les ordenó la Contraloría General de la República.
La norma actual, según discutieron los jueces y las asociaciones gremiales, permite que algunos funcionarios reciban jubilaciones cuantiosas pese a que la mayor parte de su vida laboral cotizaron por menos ingresos. Eso ocurre cuando, hacia el final de su carrera, los empleados ascienden de puesto.
Uno de esos casos fue el del exjuez de casación penal Luis Alberto Víquez Arias, quien casi triplicó su pensión tras ser magistrado suplente durante siete meses en la Sala Tercera. Él se retiró con una pensión de ¢6,1 millones en mayo del 2011, pese a que, antes de ser magistrado, recibía un salario de ¢2,3 millones mensuales.
Ayer, tras semanas de estudiar cómo fortalecer al Fondo de Jubilaciones y Pensiones, la Corte Plena avaló la propuesta de 10 años que habían hecho las asociaciones.
Como contrapropuesta, el Consejo Superior había planteado que se tomaran en cuenta los 180 meses anteriores (15 años).
Escuchar