El arzobispo de San José , Hugo Barrantes Ureña, negó ayer tener algún vínculo con el presunto delito de intermediación financiera ilegal en Servicios Pastorales de la Iglesia Católica.
La afirmación la hizo después de declarar como testigo durante tres horas en la Unidad de Casos Especiales del Ministerio Público, en San José.
El prelado dijo: “No se entregaron documentos. Fue una entrevista informal. Las preguntas las hizo ella (la fiscala Giselle Rivera) y obtuvieron su respuesta. Lo que le interesaba saber es si nosotros intervinimos, directa o indirectamente, en esos actos ilícitos y claramente no intervinimos. Eso va a conducir a que se encuentre la verdadera autoría de esa situación, que fue en perjuicio de nosotros, que somos víctimas”.
Barrantes estuvo acompañado en la diligencia por el abogado Carlos Vargas Pagán. Se espera que hoy se presente ante la Fiscalía Ángel Sancasimiro, extesorero de la Conferencia Episcopal (Cecor) y obispo de Alajuela. Luego harán lo mismo el obispo Francisco Ulloa, expresidente de la Cecor, y el padre Guillermo Godínez, exadministrador de Servicios Pastorales.
La comparecencia de los jerarcas eclesiásticos se debe a una investigación del Ministerio Público que procura determinar si se cometió delito en una serie de operaciones financieras que se llevaron a cabo entre marzo del 2005 y agosto del 2007 en diversas cuentas bancarias, en Costa Rica y Panamá, relacionadas con la Iglesia católica costarricense.
Los obispos habían alegado con anterioridad que esas operaciones se hicieron sin su consentimiento y que fueron defraudados por el administrador, de apellido Torres, quien falleció en el año 2008.
La intermediación financiera al margen de la ley es un delito con penas de tres a seis años de cárcel
“Aclaramos que todo lo hicieron en contra nuestra. Los obispos nunca intervinimos ni aprobamos, ni directa ni indirectamente. No tenemos nada que ver con el ilícito”, aclaró Barrantes al salir de las oficinas del Ministerio Público.
“Fue una entrevista informal. Tuvo un carácter de conversación, en la que la fiscala tiene derecho a estar informada, a tener una opinión”, agregó.
Barrantes señaló que salía “contento y esperanzado” porque la Iglesia católica tiene la verdad.
Mientras, el abogado Vargas afirmó que, desde que se entregaron los informes de la Superintendencia de Entidades Financieras (Sugef), se determinó que los obispos no tenían conocimiento de los hechos ilícitos.
Según manifestó Vargas, en los diversos informes queda establecido claramente un sospechoso, y ahora “tiene que determinarse si fue él o quién fue el que cometió esas irregularidades”.