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Miguel Ángel Rodríguez fue condenado a 5 años de prisión en abril del 2011 por corrupción agravada en modalidad de cohecho impropio. | ARCHIVO (Eyleen Vargas Davila)
El Tribunal de Apelación de Sentencia de Goicoechea escuchará los alegatos de los condenados por el caso ICE-Alcatel a partir del lunes 5 de noviembre, en una vista oral y pública que se iniciará ese día a las 8 a. m. y continuará hasta el 9 del mismo mes.
La vista se llevará a cabo en la sala de juicio N.° 3 del tercer piso de los Tribunales del Segundo Circuito Judicial. El Tribunal estará integrado por los jueces Jorge Luis Arce Víquez, Sandra Zúñiga Morales y Alfredo Chirino; este último presidirá el debate.
El Tribunal Penal de Hacienda condenó el 27 de abril del 2011 a ocho personas por los delitos de corrupción agravada, penalidad del corruptor, cohecho impropio y enriquecimiento ilícito.
Entre los sentenciados está el expresidente Miguel Ángel Rodríguez, a quien se le impusieron en un voto dividido cinco años de prisión por instigar para que se exigieran dádivas a la empresa Alcatel Cit, a cambio de otorgarle un contrato de telefonía celular.
El exmandatario fue declarado culpable del delito de corrupción agravada, en la modalidad de cohecho impropio, por las juezas Ileana Méndez Sandí y Rosaura García Aguilar.
En el fallo de mayoría, el Tribunal también impuso 15 años de prisión a Édgar Valverde, expresidente de Alcatel Costa Rica; Luis Adrián Quirós, dueño de Servicios Notariales Q. C., y a Guido Sibaja, exfuncionario del ICE.
Además, fueron sentenciados el empresario Alfonso Guardia (10 años); el exdirectivo del ICE Joaquín Alberto Fernández (cinco años); el exdiputado Eliseo Vargas (dos años) y el exfuncionario del ICE Eduardo Fonseca García (dos años).
A este último se le concedió el beneficio de ejecución condicional de la pena.
Los Tribunales de Apelación de Sentencia comenzaron a funcionar desde el 9 de diciembre del 2011 en cumplimiento de un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que, en agosto del 2004, cuando resolvió el caso del periodista Mauricio Herrera y La Nación contra el Estado, dispuso que el país contara con una segunda instancia, ante la cual los ciudadanos puedan recurrir todas las sentencias.
