Antonio Álvarez Desanti reclamó ayer el pago de ¢110 millones a una empresa dueña de un tráiler que, en diciembre del 2009, lo atropelló en la autopista Florencio del Castillo, entre San José y Cartago.
La petición la hizo pública el abogado Erick Ramos en la etapa de conclusiones de un juicio que se realiza en los Tribunales de Cartago, donde el demandado civil es la empresa de transportes Gash y en el área penal el chofer del tráiler, Ricardo Murillo Meléndez.
El accidente se produjo cuando el precandidato de Liberación Nacional practicaba ciclismo.
Al salir de la audiencia, Álvarez dijo que el dinero que pide será donado al Centro Nacional de Rehabilitación (Cenare) para un gimnasio.
Otra gestión. Durante la mañana la fiscala, Evelyn Díaz, pidió que se imponga una pena de ocho meses de prisión al chofer del tráiler, Ricardo Murillo, por el delito de lesiones culposas.
Además, Díaz pidió que se inhabilite a Murillo para conducir camiones durante un año y abrir, de oficio, un testimonio de piezas, con el fin de iniciar una causa por el delito de falso testimonio contra un testigo (chofer de otro tráiler), el cual fue aportado por la defensa.
Según la fiscala, ese testigo suministró datos inconsistentes y contradictorios, pero, sobre todo, Díaz puso en duda de que ese testigo hubiera observado el accidente como lo declaró en debate.
El abogado Juan Diego Castro, representante de la empresa y del chofer, dijo que no entendió el alegato de la parte demandante.
El juez Luis Diego Serrano Rodríguez suspendió ayer el debate y dijo que seguirá el jueves en la mañana, cuando tenga la oportunidad de exponer sus conclusiones Juan Diego Castro.