EscucharUna mujer condenada el 28 de abril de 1975 a tres meses de prisión por el delito de injurias, se enteró 20 años que aún aparecía en el registro de delincuentes.
La afectada de apellido Fernández, de 61 años, y quien vive en Puntarenas, conoció de la situación cuando solicitó un certificado de antecedentes penales.
Fernández fue sentenciada por el Juzgado Penal de Puntarenas y, aunque se le concedió el beneficio de la ejecución condicional de la pena (no fue a prisión), la condena si fue inscrita.
La mujer debió presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional al considerar que se le estaban violentando sus derechos fundamentales “al aparecer una sentencia que ya había cumplido desde hace muchos años”.
El magistrado Fernando Cruz Castro, quien redactó el voto, consideró que ya habían transcurrido más de 10 años desde la inscripción de la sentencia y, por tanto, el caso debía ser borrado “pues los datos ahí contenidos deben tener un carácter temporal y no de perpetuidad”.
La Sala condenó al Estado por este caso al pago de costas y daños causados a Fernández.
La mujer, que está casada, labora ahora en una compañía ubicada en la zona del Pacífico, que brinda asesoramiento técnico.
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