La Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) parece ser el nuevo norte hacia el que apuntan las investigaciones judiciales que se iniciaron por denuncias sobre irregularidades en la empresa de seguridad Astur.
Anteayer, efectivos judiciales ejecutaron dos allanamientos más -para totalizar cuatro- en instalaciones de esa dependencia del Ministerio de la Presidencia.
Casetes, equipo de radio, rastreadores de frecuencias, grabadoras y equipo de transmisión, entre otros artículos, fueron decomisados en dos casas encubiertas, ambas propiedad de la DIS, ubicadas en Zarcero y Platanar de Florencia de San Carlos.
El operativo fue ordenado por el Juzgado Cuarto de Instrucción como parte de las pesquisas en la investigación que se sigue, por supuesta ejecución de intervenciones telefónicas ilegales, contra la empresa Astur Seguridad y la DIS.
Una de las casas de seguridad allanadas, la de San Carlos, operaba bajo el nombre codificado de "noviembre 15". En ella funcionaba un centro de rastreo capaz de interceptar comunicaciones en las dos fronteras y en todas las costas de nuestro país, como lo reconoció anteayer a La Nación el director suspendido de la DIS, Mario Soto Baltodano.
La existencia de ese equipo y su presunto uso para interceptar y grabar comunicaciones privadas en forma ilegal, fue denunciado anteayer por el diputado independiente Rodrigo Gutiérrez en un comunicado que presentó ante la prensa y el Ministerio Público.
De acuerdo con el diputado, los equipos -que fueron instalados desde la administración anterior con el fin de combatir el narcotráfico- fueron utilizados por la DIS con el fin de espiar a "personas honorables, como magistrados, diputados, políticos y empresarios del país", entre otros.
En la Asamblea Legislativa, el caso mantiene una disputa entre los dos partidos mayoritarios. Los liberacionistas se niegan a crear una comisión que indague el caso, y los socialcristianos insisten en que debe hacerse. (Véase nota aparte). Cuestionado "Lima 5"
El diputado Gutiérrez también denunció que el funcionario de la DIS Pablo Monge, cuya clave es "Lima 5", es quien maneja la operación en "noviembre 15". Se intentó localizar a Monge ayer por medio de su radiolocalizador, pero solicitó que no le transmitieran mensajes.
Soto admitió a La Nación que el grupo existió y que operó con el equipo decomisado, pero advirtió que únicamente en proyectos contra el narcotráfico. También reconoció la existencia del equipo decomisado y que era Monge el encargado de coordinar las operaciones.
Sin embargo, negó que se haya utilizado para espiar a ciudadanos. "Cuando se aprobó la Ley de Intervenciones Telefónicas, nosotros clausuramos el lugar, patrimoniamos el equipo y se embodegó. No se volvió a usar, precisamente para no violar la Ley", aseveró.
De acuerdo con Soto -suspendido desde la semana anterior mientras la Procuraduría indaga sus vínculos con la empresa Astur- después del cierre de noviembre 15 el grupo "Los Limas" continuó operando, pero únicamente con base en "fuentes humanas".
Cuando se le consultó el tipo de trabajo que efectuaba el grupo antes de la aprobación de la Ley, respondió: "Solo se interceptaban las costas y fronteras, para efectos de investigaciones contra el narcotráfico."
Soto, quien no quiso revelar los nombres de los integrantes de los Los Limas, aseguró que el grupo se disolvió el 15 de febrero pasado, día en que el Poder Judicial allanó las instalaciones de la DIS como parte de las pesquisas. "No se podía arriesgar a los muchachos", comentó.
Luis Gerardo Villanueva: "No son intervenciones; son chismes"
Mientras ayer trascendían detalles de los operativos judiciales en instalaciones de la DIS, en la Asamblea Legislativa, el jefe de fracción liberacionista, Luis Gerardo Villanueva, aseguraba, en conferencia de prensa, que "este caso de intervenciones son puros chismes. Por ningún lado veo lo político del asunto."
Villanueva dijo que su fracción no oculta nada al oponerse a la creación de una comisión especial que indague el caso. "Vamos a ver si los Tribunales de Justicia nos dan indicios contundentes y graves para que en principio se pueda decir que es un asunto político y entonces nosotros estaremos dispuestos a conformar la comisión", apuntó.
Pero su opositor, el socialcristiano Bernal Aragón, refutó esas afirmaciones y aseguró que a su grupo no le interesa el contenido de los casetes decomisados, sino conocer "quiénes son los responsables" de lo que califica un "atentado contra el derecho sagrado de la intimidad.
Desde la Casa Presidencial, el ministro de Información, Alejandro Soto, manifestó que el Gobierno ya cumplió con su parte al ordenar una investigación a la Procuraduría General de la República. "Habrá que esperar lo que resuelva el Juzgado Cuarto de Instrucción", sentenció.
Colaboró en esta información, Arturo Alvarez, redactor de La Nación.