Tragedia de bus en puente colgante queda sin castigo

La razón fue que el juez penal de Puriscal, Kenneth Alvarado Aguirre, dictó ayer un sobreseimiento definitivo a favor de las siguientes personas: Karla González Carvajal, exministra de Obras Públicas, Alejandro Molina Solís, exdirector del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), Benjamín Sandino, exdirector de Conservación Vial del Conavi, María Ramírez González, exjefa de la Dirección de Puentes del MOPT y Víctor Manuel Salas Vega, el conductor del autobús.

La medida la adoptó el juez porque las acusaciones que presentaron el Ministerio Público y los abogados en representación de los afectados, carecían de pruebas para demostrar los delitos atribuidos a los imputados.

Asimismo, Alvarado determinó que el desplome del puente se debe considerar como un “caso fortuito o accidente”.

Lo anterior, porque un informe del Colegio de Ingenieros y de Arquitectos concluyó: “No se puede asegurar que el colapso del puente sucediera específicamente por el paso del autobús (...), sino porque los usuarios infringieron los límites al peso permitido, prueba de ello es un video que muestra un vehículo propiedad del ICE que tiene un peso en toneladas superior al que resistía la estructura, acción que posiblemente (...) falseó la estructura, que nunca estuvo diseñada para ese tipo de vehículos”.

En la resolución, el juez Kenneth Alvarado rechazó las demandas civiles que por ¢2.500 millones habían presentado contra el Estado al menos 35 afectados y les recomendó acudir a la vía civil para hacer valer sus derechos.

El Ministerio Público informó que analizarán la resolución del juez Alvarado para presentar una impugnación ante una instancia superior.

Antecedente. El accidente se produjo a las 6:30 a. m., del 22 de octubre del 2009, cuando un autobús, conducido por Víctor Manuel Salas Vega, se dirigía de El Barro de Turrubares a Orotina. En ese momento, trasladaba a 38 pasajeros.

Al momento de cruzar, el puente de hamaca sobre el río Tárcoles (el cual se encontraba en mal estado y tenía señales que advertían de que no se permitía el paso de de vehículo con un peso superior a las cuatro toneladas) se desplomó. En el accidente murieron cinco personas.

Inicialmente, las víctimas presentaron una denuncia ante el Ministerio Público donde responsabilizaban por el hecho a los cuatro funcionarios del MOPT (en ese momento) y al conductor del bus.

A ellos les atribuyeron los delitos de homicidio y lesiones culposas, desastre culposo e incumplimiento de deberes.

Cuatro años después del suceso, el pasado 11 de febrero, el Juzgado de Puriscal inició una audiencia para discutir si había elementos probatorios para que el caso fuera elevado a juicio. Empero, luego del análisis de las pruebas, el juez Alvarado determinó que en las acusaciones había omisiones, como, por ejemplo, no se determinó, en forma clara y precisa, cuál fue la conducta u omisiones presuntamente delictivas que cometió cada uno de los cinco implicados.

Aunque la resolución puede ser apelada, es improbable que se revierta el fallo del juez.