Piden $81 millones a costarricense juzgado en España por tráfico piezas arqueológicas

El costarricense Leonardo Augusto Patterson será juzgado el próximo jueves en Santiago de Compostela (España) por contrabando de piezas de arte a raíz de una exposición en 1997 y para quien el fiscal pide 2 años de prisión y una multa de 60 millones de euros ($81,3 millones).

Patterson fue capturado por la Interpol el pasado 28 de marzo en el aeropuerto de Barajas, en Madrid, a petición de la Justicia guatemalteca que lo reclama desde 2008 por los delitos de exportación ilegal de bienes culturales y robo de bienes arqueológicos.

El costarricense, que residía en Alemania, fue señalado entonces de haber sacado ilegalmente de Guatemala, a lo largo de más de diez años, al menos 269 piezas arqueológicas mayas, las cuales comercializaba y exponía en diversas galerías europeas.

Según las investigaciones de la Fiscalía, Patterson también poseía piezas arqueológicas procedentes de otros países de América Latina, las cuales habrían sido recuperadas por las autoridades españolas.

Costa Rica también había reclamado 495 piezas de la colección de Patterson, compuesta por unas 1.800 piezas de oro, jade y cerámica de diversas culturas precolombinas de América.

Esta colección se exhibió en 1997 en Santiago de Compostela (noroeste de España) y luego Patterson la trasladó a un almacén, donde permaneció once años, hasta marzo de 2008, cuando salieron de España más de mil figuras rumbo a Alemania.

Sin embargo, no todas las piezas de la colección, valorada en unos 72,5 millones de dólares y compuesta por máscaras, esculturas en cerámica, oro, joyas y piedras preciosas, salieron de España, ya que quedaron aquellas reclamadas judicialmente mediante comisiones rogatorias de varios países.

Las conclusiones provisionales del fiscal sostienen que el acusado introdujo en territorio español una colección formada por más de 1.400 obras de arte precolombino para su exposición en Santiago de Compostela bajo el título "El espíritu de la América Prehispánica", desarrollada entre el 23 de noviembre de 1996 y el 28 de febrero de 1997.

Según el fiscal, el 4 de marzo de 2008 el denunciado impartió órdenes para sacar la colección del local en donde llevaba ubicada más de diez años y expedirla con dirección a Munich, fuera del territorio aduanero español.

Por estos hechos, la fiscalía pide dos años de prisión y una multa de 60 millones de euros ($81,3 millones) , así como el decomiso de las piezas que habrán de adjudicarse al Estado español.