Dos ciudadanos de Bulgaria, de apellidos Hristov, de 38 años; y Chopov, de 39, deberán pasar siete años en prisión tras resultar condenados por 12 delitos de fraude con tarjetas de débito y crédito.
El Tribunal Penal de Limón dictó la sentencia la semana pasada, luego de que los extranjeros aceptaran los cargos en su contra y se sometieran a un proceso abreviado, con lo cual, lograron obtener una pena más baja.
A los foráneos se les vinculó con un grupo criminal que operaba a nivel internacional.
Ellos fueron detenidos en junio del 2012, luego de una investigación del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), en colaboración con autoridades bancarias.
Los individuos fueron aprehendidos en Santa Cruz, Guanacaste, cuando viajaban hacia Liberia en un vehículo alquilado.
Método. De acuerdo con la pesquisa que realizó la Policía, el fraude se realizaba mediante la instalación en los cajeros automáticos de unos dispositivos electrónicos conocidos como skimmers .
Esos aparatos sustraían la información contenida en las bandas de las tarjetas cuando alguien realizaba un retiro de dinero.
También colocaban cámaras diminutas con el fin de obtener las claves de acceso de los clientes.
Según se determinó en el proceso judicial, Hristov recibía los datos y se los enviaba a Chopov, quien pasaba la mayor parte del tiempo en Canadá. Este último elaboraba nuevas tarjetas con las que el grupo realizaba retiros de dinero.
El día de la detención se les decomisaron $10.000 en efectivo.
Robos. Las autoridades judiciales detallaron que la mayor parte de las denuncias por los faltantes de dinero se presentaron en las localidades limonenses de Cahuita y Puerto Viejo.
Los afectados eran turistas extranjeros quienes se quejaban ante los bancos correspondientes.
Algunas de las víctimas manifestaron que sus tarjetas de débito y crédito habían sido utilizadas para realizar compras en Canadá, en fechas en las que no habían estado en ese país.
Por esa razón, las entidades bancarias llevaron el caso al OIJ.
En la sentencia también se aceptó una acción civil resarcitoria por ¢7 millones.