EscucharApenas tenía 23 años de edad y Eugenio Polanco Hernández ya era director de Máxima Seguridad en La Reforma. Hoy, a sus 55 años de edad, se ve forzado a dejar el sistema carcelario al cual dedicó más de tres décadas.
Este doctor en Psicología, experto en Psicoanálisis y Administración Pública, aseguró que de manera sorpresiva la presidenta, Laura Chinchilla, y el ministro de Justicia, Fernando Ferraro, le pidieron ayer su renuncia como viceministro del ramo y director general de Adaptación Social.
Polanco sostuvo que hubo diferencias con el Gobierno en materia del presupuesto destinado para las cárceles y el manejo de la política criminal.
“Se ha considerado que en algunos aspectos de la estrategia del Poder Ejecutivo yo no soy coincidente y, en virtud de esta razón, la presidenta y el señor ministro me han pedido que no continúe en el puesto”, reveló.
El viceministro saliente recalcó que tuvo la obligación de retirarse porque la confianza se perdió. “Respeto la decisión de la presidenta de la República. Creí que en un Gobierno de personas tan inteligentes había una mayor posibilidad de discrepancia, donde la diferencia más bien enriqueciera y no que se pretendiera universalizar criterios de forma mecánica”, afirmó.
Se intentó conocer la posición del Gobierno, pero el ministro de Comunicación, Francisco Chacón, no contestó los mensajes dejados en su celular.
La renuncia de Polanco, quien ejerce el cargo desde junio del 2012, será efectiva en cuatro semanas cuando asumirá un puesto como asesor del Instituto Latinoamericano de las Naciones Unidas para la Prevención del Delito y el Tratamiento del Delincuente (Ilanud) .
Ahora, el subdirector de Adaptación Social, Reynaldo Villalobos asumirá de manera interina la jefatura y el viceministro de gestión estratégica, Jorge Rodríguez, tendrá como recargo el tema carcelario.
La salida de Polanco ocurre cuando hay 14.000 privados de libertad en cárceles, lo que significa una sobrepoblación del 34% ; es decir, 14 puntos por encima de lo permitido para cumplir los derechos humanos de los reos.
De hecho, ese ha sido el principal talón de Aquiles del sistema penitenciario desde el 2008, pues ha originado motines, eventos críticos, focos de corrupción, desgaste de personal y violaciones a derechos fundamentales. Solo el año pasado, cinco presos murieron a manos de sus compañeros.
Préstamo BID. El 16 de enero del 2012, la Asamblea Legislativa aprobó un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) por $132 millones para construir 2.700 nuevos espacios carcelarios y prevenir la violencia en el país.
Precisamente, una delegación del BID se reunió ayer en Casa Presidencial con las autoridades de Justicia y Seguridad Pública para analizar los avances de la unidad ejecutora del préstamo y coordinar acciones conjuntas.
“El BID se manifestó especialmente satisfecho porque Costa Rica fue capaz de presentar requisitos previos en un tiempo récord y es la primera vez que no se pidió tiempo extraordinario para poder culminar esta primera etapa”, dijo Polanco, para quien este préstamo “es importante pero insuficiente”.
Rezago. El informe de labores que Polanco presentó en el 2012 señala que ha mejorado el presupuesto para el sistema de justicia penal y la calidad de gestión del Poder Judicial y del Ministerio de Seguridad Pública. Pero está rezagado el sistema penitenciario.
“La criminalidad la produce la dinámica social y es ahí donde se previene. Trabajar solo con represión y con poca inversión en rehabilitación es el peor negocio que está haciendo Costa Rica”, sostuvo.
“La mayoría sentenciados tienen penas inferiores a los 10 años y son personas muy jóvenes. Si esta gente sale de centros hacinados, quedan peor; dentro de una o dos administraciones se verá en las calles de San José la gravísima crisis de violencia que se va producir por falta de inversión oportuna en el tema penitenciario”, añadió.
