En cuestión de 18 meses, el sistema penal costarricense agotó todas las instancias antes de responsabilizar a una pareja de hombres por el ataque a balazos en el que murió la empleada de un casino. Su hermana y una compañera resultaron heridas de gravedad.
La madrugada del 28 de octubre del 2008, Juan Carlos Mena Jiménez y Cristian Mora Cantillano interceptaron a las víctimas en las afueras del casino
Un año más tarde, el 13 de octubre del 2009, el Tribunal de Juicio de Pavas les impuso 50 años de cárcel por homicidio calificado, tentativa de homicidio, violación, abusos sexuales, robo agravado y privación de libertad.
El 14 de abril, la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia confirmó la sentencia y la dejó en firme. Así se han resuelto los casos durante más de 20 años, pero las cosas están a punto de cambiar.
Los diputados del anterior cuatrienio dieron luz verde a la creación de los Tribunales de Apelación, instancias que tendrán a su cargo la revisión integral de las sentencias.
Esa tarea recae en la actualidad sobre la Sala Tercera de la Corte y los Tribunales de Casación, pero la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos consideran que esas cámaras no dan garantía de una revisión integral de los fallos.
“La Comisión y la Corte, desde los 70, con el Código de Procesal Penal anterior y con el código vigente, en distintos momentos nos han dicho: ese recurso (la casación) no cumple con las expectativas”, puntualizó el magistrado José Manuel Arroyo.
La Convención Americana de Dercehos Humanos (Pacto de San José) otorga, en su artículo 8.2.h., derecho a recurrir el fallo ante un juez o tribunal superior.
Arroyo, presidente de la Sala Tercera, considera que el actual recurso de casación es idóneo, “pero cómo convencemos a las instancias de Derecho Internacional”.
Empero, la Corte Interamericana – al fallar el caso del entonces periodista de
Tras condenar al Estado por violar el derecho a la libertad de expresión del comunicador, ese tribunal internacional ordenó a Costa Rica tomar medidas para garantizar que las sentencias fueran sometidas a una revisión integral en una instancia superior.
Las autoridades nacionales pretendían que a cargo de esa responsabilidad se mantuvieran la Sala Tercera y los Tribunales de Casación. Por eso, en el 2006, la Asamblea Legislativa aprobó la Ley de Apertura de la Casación Penal.
La Corte Interamericana consideró que ese esfuerzo por flexibilizar los requisitos de la casación no eran suficientes.
“No nos podíamos seguir exponiendo a que desde fuera nos digan que estamos incumpliendo”, agregó el magistrado Arroyo.
De ahí surgió la idea de crear los Tribunales de Apelación. La presidente Laura Chinchilla debe firmar la ley.
El nuevo esquema propone que los pronunciamientos de los Tribunales de Juicio sean evaluados –si las partes así lo requieren– en los Tribunales de Apelación.
En estos, los jueces llaman a la partes a audiencia, evalúan la prueba y pueden proceder a la discusión de los hechos que dieron pie al fallo. La revisión es integral.
Los jueces de apelación podrán modificar sentencias, anularlas para un nuevo debate o confirmarlas.
La última instancia que queda será la Sala Tercera, pero allí el acceso será limitado.
“El gabinete de accesibilidad será muy estricto; no se va a abrir para muchos casos. La revisión va a ser cerrada. Esto va a ser un recurso extraordinario.
”La gente debe entender que no es por cualquier razón que se puede venir a la Sala. En la medida en que funcione el examen integral del fallo, aquí no tendremos nada más que decir”, puntualizó Arroyo.
El abogado penalista Vinicio Zamora teme que los tribunales se atasquen más mientras se deciden las apelaciones.
“Los procesos se van a eternizar. Los casos van a quedar en el aire hasta que casación resuelva. ¿Cuándo van a salir los casos si de por sí ya están atascados en los tribunales?” , cuestionó.
La Corte debe definir cuántos jueces más necesita para los Tribunales de Apelación. En principio se sumarían los 21 de los Tribunales de Casación.
El magistrado Arroyo espera que en cinco años las cámaras de apelación estén en funcionamiento. La Corte primero debe buscar fondos.
“La transición será paulatina. Si no hay plata, tendremos que ver cuándo la haya. Sin cacao no hay chocolate”, concluyó.