24/02/2012. Lic. Oscar Ugalde Miranda, Juez Penal de Trabajo, Tribunales de Goicoechea. Foto Abelardo Fonseca (Abelardo Fonseca)
El Tribunal de Trabajo de Goicoechea resolvió en cinco meses del año pasado 905 casos que tenían hasta nueve años de estar rezagados en el Poder Judicial.
Ese despacho acumulaba, al 31 de mayo del 2011, esa cantidad de expedientes, y el número bajó a 407, al 31 de octubre. Es decir, hubo una reducción del 55%.
Según un informe de la Comisión de Gestión de Calidad del Poder Judicial, la merma se logró gracias a un plan de drenaje que se aplicó a los expedientes más antiguos en el Tribunal.
La medida formó parte del Programa de Gestión de Calidad (GICA), consistente en un rediseño y una implementación de mejoras durante ese tiempo con el fin de acreditar la calidad del despacho.
“Lo implementado hasta el mes de octubre en el Tribunal fue un proceso enfocado a mejorar los niveles de rendimiento en asuntos de mayor antiguedad”, señala el informe.
Sin embargo, el Consejo de Jueces de ese Tribunal acordó, el pasado 20 de enero, comunicar a la Corte Plena que se saldrían del programa por razones que los magistrados discutirán el lunes.
El magistrado Rolando Vega, coordinador del GICA, afirmó que la eficiencia de la Administración de Justicia es una obligación que todos los jueces tienen con los usuarios. “Una justicia retardada como la que tenemos no es una verdadera justicia”, dijo.
Óscar Ugalde, coordinador de ese despacho, afirmó que, en el 2011, el circulante se redujo en 267 expedientes, solo porque hubo menos casos nuevos que al inicio.
Por ejemplo, mientras en el primer trimestre del 2011 entraron 434 casos, en el último período se registraron 200 menos.
Entre tanto, el número de casos que se resolvieron mantuvo un promedio de 435 por trimestre, para un total de 1.740 en todo el año.
Por otra parte, la cantidad de inconformidades de usuarios recibidas durante el 2011 se duplicó en relación con el 2010, según lo revela un informe de la Contraloría de Servicios de Goicoechea.
Mientras que en el 2010, hubo 34 quejas, en el 2011 se reportaron 68. Nueve de cada diez gestiones fueron valoradas como justificadas; es decir, un 90% de ellas estuvieron debidamente fundamentadas.
El documento añade que el 92,6% de las inconformidades ingresadas en el 2011 para ese Tribunal fue por retardos judiciales.